Desde que el país está en emergencia sanitaria por el coronavirus, unos 60 funcionarios del Gobierno Nacional comparecieron ante las comisiones legislativas para explicar el trabajo desarrollado durante la pandemia sobre la atención hospitalaria, sobreprecios en compra de insumos médicos, despidos laborales, educación, transporte, turismo y producción.
Al término de 70 días de confinamiento, todos los bloques legislativos, incluidos asambleístas de la bancada oficialista Alianza PAIS, presionan para que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sea llevado a juicio político, para lo cual existen tres solicitudes de juicio y una cuarta está en camino.
La posibilidad de que Martínez, hombre fuerte del régimen, vaya a una interpelación política preocupa al Gobierno. El presidente de la República, Lenín Moreno, en el informe a la nación, pidió a los legisladores que permitan que su gabinete haga su trabajo, que no es el momento de buscar réditos políticos cuando se aproximan unas elecciones.
Adujo que es hora de parar el “ataque inmisericorde” a los ministros; que no pretende limitar ni impedir la fiscalización, pero que los ministros del Estado han comparecido a la Asamblea unas 200 veces, y que solo en la emergencia sanitaria han respondido más de 300 pedidos de información.
Moreno pidió de favor a los asambleístas que tengan “algo de prudencia” e invitó a que busquen juntos los equilibrios democráticos, pero que no se dé al país “un espectáculo de pirotécnica política”.
A los tres días de ese pedido, 83 legisladores, incluidos ocho de Alianza PAIS, apoyaron la moción del correísta Juan Lloret para incluir en el debate del pleno 670 una resolución para que el presidente de la Asamblea, César Litardo, en un plazo de cinco días, convoque al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para conocer los pedidos de juicio político planteados desde la bancada de la Revolución Ciudadana con 37 firmas y desde la Comisión de Educación con 48 firmas.
Martínez está acusado de incumplimiento de funciones al priorizar el pago de la deuda externa en medio de la emergencia sanitaria, disponer recortes presupuestarios a las universidades y escuelas politécnicas públicas, así como la no asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
De todas las comparecencias de funcionarios, solo a Martínez se ha planteado un juicio; en los demás casos, las amenazas de interpelación quedaron en anuncios.