El prefecto de la provincia de Loja, Rafael Dávila Egüez, dialogó en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, en donde explicó la resolución de la Corte Constitucional sobre la devolución del IVA (Impuesto al valor añadido) de manera directa a los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados), “el tema del impuesto que resolvió la Corte Constitucional, creo que el expresidente Lenín Moreno había cuestionado la constitucionalidad de esta reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que aprobó la Asamblea Nacional mediante la cual el tributo que recaudamos los GAD llámese prefecturas, municipios, juntas parroquiales, lo que usualmente se hace al terminar el mes es que todos nuestros proveedores, contratistas cuando nos emiten facturas por las cosas que compramos, pagamos planillas, esas facturas tienen IVA, debemos pagar el impuesto, pero en realidad se le retiene a nuestro proveedor o contratista, y ese valor se le paga al SRI (Servicio de Rentas Internas) con la declaración correspondiente del IVA que hemos pagado del mes, entonces se le pasa al SRI el dinero, revisa y emite una resolución, se toma dos o tres meses para hacerlo, luego se dirige al Ministerio de Finanzas la resolución mediante la cual autoriza la devolución de la tasa al GAD correspondiente, ahí es donde finanzas pierde dos o tres años para devolver el tributo aduciendo la crisis económica, la verdad que al final del camino está situación la venimos sufriendo desde el año 2015 cuando empezó la crisis, que la causó aquel gobierno, esto es generado porque ese mandato en esa corriente demencial de gastar y gastar se coge la plata de los GAD por eso nos deben un montón de dinero a los municipios, prefecturas, se retrasan las transferencias, todo es una consecuencia del nivel demencial al que llegó el gasto público en ese gobierno de diez años, que viva la fiesta, el despilfarro, el enorme gasto, descontrol, desorden en el manejo de las finanzas públicas, todo eso lo estamos pagando, no solo nosotros, cualquier proveedor del Estado porque el contratista del Estado está sufriendo consecuencias terribles, hay contratistas que están quebrando porque no se les paga desde hace varios años el valor de obras que han construido, me refiero al Gobierno Central principalmente, todo eso es cuestión del desorden que se administró este país entre los años 2007 y 2017”, recalcó.
Dávila manifestó que, en el 2006 fue diputado y miembro del Consejo de Régimen Económico, y el presupuesto General del Estado era de 8 mil millones de dólares, todo lo que el estado gastaba era esta cantidad, pero en el año 2017 cuando el expresidente Rafael Correa entregó el poder, el presupuesto General del Estado, vale decir el gasto del Estado llegó a 36 mil millones de dólares, casi que se quintuplicó el desembolso del Estado en los 10 años, de manera desbocada, descontrolada, irresponsable, cuando se incremento el consumo a niveles inmanejables, sin embargo, los ingresos del Estado aproximadamente son 15.000 de impuestos, 2 o 3 mil de petróleo depende el precio que tenga, “póngale 5 mil dólares en petróleo, entonces son 15 mil de recaudación de impuestos más 5 mil de ingresos petroleros dan 20 mil dólares y el Estado derrocha 36 mil dólares, ahora el expresidente Lenín Moreno dejó el gasto en 32 mil, hay un faltante cada año, o sea, 16 mil, 14 mil, 12 mil millones cada año, al Estado le falta esta plata para poder cumplir sus compromisos, entonces eso a la entidad les lleva a no obtener recursos para transferir a los GAD para quedarse con el IVA que no le corresponde, pero es importante tener la idea clara del origen del problema para evitar que esto ocurra en el Ecuador, el comienzo es el desorden, el despilfarro, el crecimiento desmedido del gasto público que crea una cantidad de dificultades”, señaló.
“Nosotros nos alegramos que la Corte Constitucional haya dicho que esa reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno no es inconstitucional porque no lo era efectivamente, la reforma que decía que el IVA que nosotros tenemos de nuestros contratistas o proveedores, ese impuesto no le entreguemos el dinero al SRI, solo darle la declaración para que el Servicio de Rentas Internas tenga el control y las facturas que nos han emitido, la constancia del tributo del 12%, ese dinero queda en las cuentas de los GAD para evitar esa vuelta de dos o tres años hasta que regresan a nuestras puertas, no era porque la ley dice que la Asamblea Nacional no puede presentar o aprobar proyectos de ley en los que se crean, modifican o reducen impuestos, ya que, en este caso no se estaba creando un impuesto y reduciendo, ni modificando, esa reforma lo que hacía es cambiar el mecanismo de devolución del IVA a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, nada más, por eso saludo y aplaudo la decisión de la Corte Constitucional de haber declarado que esto no es inconstitucional, por tanto esta reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno entra en vigencia, va a ayudar a los GAD, pero va a complicar al Gobierno Central”, sostuvo el ingeniero.
El prefecto aseveró que, la deuda en el caso de las prefecturas están en el orden de los 400 millones de dólares porque la deuda no es solamente del IVA, “de este impuesto entiendo que a las prefecturas nos están debiendo alrededor de los 70 millones de dólares, y claro eso está ahí, desde el año 2016 el gobierno de ese entonces creó un mecanismo que le llamó el Fingads como su nombre lo dice Financiamiento a GAD para pagar sus deudas a estas entidades, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, o sea, del BDE que ha funcionado con muchos problemas, hay un Fingads uno, en el Gobierno del expresidente Lenín Moreno se firmó un Fingads dos y hace un año también en el mismo mandato se firmó un Fingads tres, los dos primeros avanzaron un poco, hay algunos GAD que se les adeuda dinero porque el Banco del Desarrollo del Ecuador exige calificar proyectos, se van entregando los recursos conforme a como se planean, entonces es un problema, el Fingads tres que se firmó hace más de un año en Guayaquil con el exvicepresidente Otto Sonnenholzner en un gran evento que se hizo en la ciudad, firmó el Fingads tres que era pagarnos las deudas, pero han pasado 15 meses y no entregan ni un centavo de ese último Fingads, entonces tenemos deudas enormes que el gobierno tiene con nosotros”, aclaró.
Argumentó que hay procesos y proyectos que están retrasados, pero hay planes que se deben suspender hasta que se cuente con la liquidez correspondiente, “esto significa obras que no se hacen, servicios que no se prestan, obras retrasadas a favor de las comunidades, en definitiva es un perjuicio para las gentes, también para aquellos que cuya vida cambia cuando un GAD le resuelve un problema a través de una obra importante, de un servicio, por ejemplo, en el caso de las prefecturas hacemos mucho asfaltado de vías rurales, darle una vía asfaltada a una comunidad rural es mejorar la vida, dignidad, no hacer esa obra significa postergar en el abandono, maltrato, malas condiciones de movilidad, se puede dejar de hacer un puente genera enormes problemas en la vida de la gente o un sistema de riego que también hacemos las prefecturas, ya que conlleva a la no mejora las condiciones de productividad del sector agrícola”, destacó Dávila.
El ingeniero comentó que, durante la campaña ambos candidatos (Guillermo Lasso y Andrés Arauz) sobre todo en la segunda vuelta estuvieron en el CONGOPE (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador) se pudo conversar con ellos, y el compromiso obviamente era que se pondrían al día en sus deudas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero en campaña es imposible decir otra cosa, el tema es ya sentados en el poder, sentir de cerca los problemas, la escasez de recursos, el enorme déficit fiscal, puesto que, hoy se están revisando las cifras con el Ministerio de Finanzas para que el número esté debidamente acordado entre ambas partes.
Dávila subrayó que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el responsable de la vialidad, de la red estatal de carretera, un ejemplo la vía Guayaquil – Machala, Guayaquil – Manta, Guayaquil – Santo Domingo, esas carreteras están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que pasa con los trayectos que van desde las cabeceras cantonales hacia las zonas rurales, parroquias, comunidades, en el caso de Loja que sucede con el camino que va desde Saraguro a Manú, ya que la red estatal de vías son algo más de 10.700 kilómetros de carreteras, es la principal del país, pero los caminos rurales son más de 70.000 kilómetros en el Ecuador, por tanto, esas competencias podrían pasar a las alcaldías, sin embargo, ya tienen demasiados problemas sobre sus hombres, deben atender temas de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, parques y jardines, desarrollo urbano, “no sé si le da también la vialidad rural a los municipios, tanto así que se les va a cargar de mayor trabajo del que tiene, además hay tramos que están fuera del ámbito cantonal, la mayoría de rutas rurales son intercantonales, no creería que eso resuelve nada, más bien podría complicar las cosas, me parece importante que la Contraloría General del Estado controle, verifique, exija, que las prefecturas hagamos lo que debemos hacer porque veo que algunas instituciones se ponen hacer escuelas de fútbol en una ciudad y esa no es competencia de la entidad”, fundamentó.
“La ley habla de competencias concurrentes se podría abordar cierta complejidad firmando un convenio con el dueño de la contienda, pero es el desorden, caos, porque si algo el Ecuador necesita es orden y cada quien a su trabajo, el Estado tiene que decir quien hace y con que recursos porque si se le indica a la prefectura puede hacer lo que desea, entonces se crea la desorganización en la administración del Estado, no obstante, las canchas deportivas son parte del Ministerio de Deportes, infraestructura escolar del Ministerio de Educación, soporte de salud del Ministerio de Salud, vías rurales y sistemas de riego es lo que hacemos las prefecturas”, dijo Dávila.
El prefecto de Loja mencionó que, las competencias están claras tanto en la Constitución de la República como en el COOTA (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), “muchas veces hay prefectos y alcaldes que en su afán de ser más populares o de querer pensar en su futuro político y en la próxima campaña empiezan hacer cosas para agradar o contentar a la gente y dejan de hacer lo prioritario, lo que la ley manda, asumir competencias de salud por el bienestar de la ciudadanía también es consecuencia de la desorganización porque debería hacerlo el Gobierno Central”, admitió y explicó que, “hay municipios que tiene un presupuesto alto e importante que les permite acceder a otras funciones, sin embargo, existen municipios y prefecturas que el dinero para nuestras competencias no nos alcanza, no podemos incursionar en otras actividades”.
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