La Asamblea Nacional definirá, este 8 de julio, si lleva o no a juicio político al exmandatario Lenín Moreno, por incumplir funciones al eludir lo ofrecido en su plan de gobierno; por presentar un informe de gestión de su último año fuera de tiempo, sin rigurosidad y por estar incurso en falsedad ideológica.
El informe no vinculante elaborado por la Comisión de Régimen Económico y aprobado con cinco votos que vinieron de UNES, PSC y Pachakutik, también recomienda remitir el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie los exámenes y audite la administración de Moreno, así como a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación fiscal porque el texto presentado por el exmandatario contiene afirmaciones que carecen de veracidad.
La Bancada Acuerdo Nacional (BAN), integrada por legisladores oficialistas de CREO y del sector de minorías, se abstuvo en la votación del informe elaborado por la comisión, y que hoy conocerá el pleno de la Asamblea, que podrá aprobarlo o negarlo con una mayoría absoluta de votos.
El asambleísta Pabel Muñoz (UNES) considera que el problema del informe del exmandatario se centra en la falta de cuidado en la elaboración técnica, a más de estar incompleto; por ello, es fundamental determinar si Lenín Moreno cumplió o no su propia planificación.
Sin sesgo y con objetividad, se puede determinar que Moreno cumplió el 11,4 % de sus metas, eso habla de un claro incumplimiento de funciones, añade Muñoz, quien participó en la elaboración del informe no vinculante para conocimiento del pleno.
Frente a este incumplimiento, anticipa que el pleno tiene que determinar si cabe un juicio político, aunque una interpelación depende mucho de la voluntad de un legislador que consolide un expediente, consiga las firmas y lo presente.
Muñoz comenta que en su bloque hay voluntad política y los argumentos para enjuiciar a Moreno, pero la pregunta es “merece la pena dedicarle tiempo a esto”, cuando el país tiene preocupaciones más serias como la crisis institucional alrededor de la Contraloría del Estado; o las reformas legales que seguramente vendrán del Gobierno para enfrentar la pandemia.
“El debate es si Lenín Moreno llega a tener la importancia que tienen otros temas en el país como para iniciar un juicio político, cuando el país sabe que el exmandatario le falló al país”, esa tesis llevará a reflexionar a la bancada de UNES.
El asambleísta Diego Ordóñez (CREO) dice que se abstuvo de votar por un informe que no fue elaborado por la subcomisión que se designó, sino por el asesor de la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), y el exministro correísta Carlos de la Torre.
Que la gestión del gobierno de Lenín Moreno no puede ser juzgada sin analizar los efectos perniciosos de los diez años del gobierno previo: tendencia decreciente en la evolución del PIB; el incremento desmedido de deuda pública en tasas de interés onerosas; aumento insostenible del gasto fiscal; inexistencia de fondos de ahorro y contingencias; deterioro del mercado laboral; despilfarro y corrupción sin precedentes; y, debilitamiento moral y funcional de la institucionalidad.
Fuente: El Universo