La vicepresidenta Verónica Abad está siendo acorrlada por su propio gobierno, que busca evitar a toda costa que ella asuma la Presidencia cuando Daniel Noboa se postule en las elecciones de 2025.
El Ejecutivo quiere evitar que Abad tome el poder, y de acuerdo al artículo 146 de la Constitución, si Noboa quiere ser candidato, debe dejar la Presidencia a su Vicepresidenta. Debido a la ruptura entre Noboa y Abad, el gobierno está explorando varias estrategias para impedir este escenario. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha afirmado que sería desastroso que Abad asumiera la Presidencia.
Entre las acciones consideradas están consultas a la Procuraduría, un juicio electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una sentencia relacionada con el caso Nene, la autorización de la Asamblea para enjuiciar penalmente a Abad y un posible juicio político en un Parlamento sin mayoría oficialista.
Procuraduría: El 21 de mayo de 2024, Noboa preguntó al Procurador General, Juan Carlos Larrea, sobre la posibilidad de tomar una licencia sin dejar la Presidencia. Aunque la Procuraduría no se ha pronunciado, remitió la consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Asamblea y la Corte Constitucional. El CNE ha indicado que no tiene autoridad para decidir al respecto.
Tribunal Contencioso Electoral: El vocal del Consejo de Participación, Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia por presunta campaña anticipada contra Abad, buscando inhabilitarla. Abad acusó a Guarderas de ser un operador político de Noboa.
Caso Nene: La Fiscalía General anunció que investigará a Abad en el caso en el que su hijo es acusado de tráfico de influencias. La Fiscalía ha cambiado la acusación a un presunto delito de concusión.
Asamblea Nacional: Para procesar penalmente a Abad, se requiere el permiso de la Asamblea Nacional, que necesita 92 votos para levantar su inmunidad. Los cabildeos en la Asamblea ya han comenzado.
Juicio político: Si se obtienen los votos necesarios, se podría iniciar un juicio político contra Abad bajo la figura penal de concusión, según el artículo 129 de la Ley de la Función Legislativa.
Con Abad acorralada por su propio gobierno, Noboa busca encargar la Presidencia a uno de sus ministros en caso de que él se ausente y su Vicepresidenta no esté disponible. La elección presidencial está programada para el 9 de febrero de 2025, y el tiempo para resolver estos conflictos se acorta.