El nuevo reglamento para la elección de la Fiscalía General del Estado ha generado controversias entre los abogados, ya que incluye una prohibición que muchos consideran una criminalización de la profesión. En particular, el reglamento establece restricciones para quienes deseen postularse, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento de limitar el acceso a ciertos perfiles. La normativa fue aprobada el 11 de septiembre de 2024 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras semanas de discusiones.
La aprobación del reglamento se apresuró debido a la cercanía del fin del mandato de la fiscal actual, Diana Salazar Méndez, que concluye en abril de 2025. El texto fue aprobado con seis votos a favor y una abstención, lo que sorprendió a algunos, ya que previamente dos vocales, que habían mostrado desacuerdos, finalmente apoyaron la propuesta. Este reglamento consta de 77 artículos que fijan normas para los postulantes, incluyendo una serie de prohibiciones, algunas de las cuales han generado preocupación entre los abogados penalistas.
Una de las principales críticas proviene de la prohibición de que abogados que hayan defendido a personas acusadas de ciertos delitos en los últimos diez años puedan postularse para el cargo. Esta medida es vista por muchos como un intento de restringir el perfil de los candidatos, favoreciendo a jueces o fiscales. El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, expresó que esta normativa discrimina a los abogados penalistas y criminaliza su labor profesional, cuestionando quiénes podrían cumplir con los requisitos.
Por otro lado, el constitucionalista Ismael Quintana señaló que, aunque la prohibición podría ser comprensible por la situación del país, es fundamental que los postulantes tengan experiencia en derecho penal, como lo exige la Constitución. Añadió que es un error equiparar la defensa de ciertos delitos con una vinculación del abogado con actividades ilícitas. Mientras tanto, algunos abogados se preparan para debatir el tema, aunque una demanda de inconstitucionalidad parece poco probable debido al tiempo que implicaría su trámite.
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