Desde su posesión como presidente y vicepresidenta se notó su distanciamiento. Abad fue enviada a Israel como embajadora para la paz, y casi un año después fue suspendida por supuesto abandono del trabajo. Una de las tensiones más evidentes en el gobierno de Daniel Noboa es su complicada relación con su vicepresidenta, Verónica Abad. El más reciente choque entre las dos máximas autoridades del Ejecutivo se dio el 9 de noviembre de 2024, cuando el Ministerio de Trabajo la suspendió por cinco meses mediante un sumario administrativo, responsabilizándola de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».
Pero la relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad se ha deteriorado incluso desde antes de que ambos asumieron el poder. Dos días después, el 11 de noviembre de 2024, a través de un comunicado el presidente Daniel Noboa informó que Sariha Moya, quien era la Secretaria Nacional de Planificación será la vicepresidenta encargada. La designación dejó al país, de facto, con dos vicepresidentas. Noboa y Abad llegaron a la presidencia y vicepresidenta con el respaldo de la coalición política Acción Democrática Nacional (ADN), una alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover.
Ambos deberían ocupar sus cargos hasta mayo de 2025, cuando sean posesionados las nuevas autoridades, tras las elecciones de febrero de 2025. Tan pronto como Noboa y Abad asumieron sus cargos, la tensión, que venía de las últimas épocas de su campaña, comenzó a aumentar. El 23 de noviembre de 2023, el presidente Noboa celebró su nueva posición con un almuerzo en Carondelet. Asistieron 600 invitados. No estaba entre ellos la recién posecionada Vicepresidenta, quien almorzó en uno de los mercados de Quito.
Los rumores del distanciamiento se corroboraron al día siguiente de haber sido posesionados cuando Noboa le asignó a Abad como única función «ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina», por lo que inmediatamente, Abad debía viajar a Israel, enfrascado en una cruenta guerra en Gaza. Abad respondió, el 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un video en el que dijo que la violencia es, entre otras cosas, cuando aun lo envían «a morir en la guerra».
Tres días después, Abad dio una rueda de prensa en la Vicepresidencia, aún en Quito, en la que aceptó la misión para viajar a Israel, afirmando que cumpliría con el cargo. Pese a anunciar a través de sus redes sociales que estaba en conversaciones con Cancillería para ultimar detalles de su misión en Israel, el 7 de diciembre a través de un comunicado, dijo que no había una planificación ni coordinación interinstitucional para hacerlo. Andujo inconsistencias, y anunció que deberá viajar sin seguridad debido a la premura de la decisión del Presidente.
La tarde de 8 de diciembre de 2023, Abad viajó hacia Israel y , en una publicación en su cuenta de X, dijo: «hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país». Desde entonces, Abad estuvo en Tel Aviv, Israel, desde donde continuó enfrentándose con Noboa. Fue precisamente un presunto incumplimiento en el desplazamiento ordenado por la Cancillería, para que viajara a la capital turca de Ankara, lo que desembocará en la suspensión decretada por el Ministerio de Trabajo, dispuesta en noviembre de 2024.
El 8 de agosto de 2024, la vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia por presunta violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jácome. En su denuncia, Abad asegura que la Cancillería le negó cinco días de permiso para atender asuntos familiares y de salud, tras asumir el cargo de embajadora en Israel. También dice que el Ejecutivo ha mostrado resistencia a que asuma funciones presidenciales, cuando Noboa pida licencia para su reelección, un derecho que Abad defiende como constitucional.
Asegura que el gobierno inició una campaña en su contra, e incluyó a Jácome y Torres por comentarios sobre ella y su hijo en el caso Nene, que investiga una red de presunto tráfico de influencias para la venta de puestos públicos. Tiempo antes, el 27 de mayo de 2024, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que sería “nefasto para el país, que una persona que no comulga con la visión y las acciones del presidente, asuma el poder”, tomando en cuenta que para hacer campaña por su reelección, Noboa debe pedir licencia, y Verónica Abad sería la presidenta encargada.
En su denuncia, Abad cita una insinuación que hizo Diana Jácome, en una entrevista con el periodista Jorge Ortiz, en FM Mundo: «Miren ustedes… ¿si tu hijo está preso, tú te regresas? O ¿prefieres mantenerte porque quieres el poder?», dijo Jácome. Para Abad, ganar las elecciones en 2023 ha sido una “condena” debido a su condición de mujer, madre y política. “He sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”, dice Abad en su denuncia.
En ese entonces, Abad solicitó un peritaje para evaluar si los hechos constituyen violencia política de género. Mientras, el miércoles 10 de agosto de 2024, en un comunicado, el presidente Daniel Noboa dijo que la denuncia de Abad era un intento de desestabilización para sacarlo del poder y evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales. También el entonces ministro de Gobierno, Michele Sensi, acusó a Abad de buscar acceder al poder de forma desesperada y de deslegitimar la voluntad popular.
Días después, el 15 de agosto de 2024, Diana Jácome presentó una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad en el Tribunal Contencioso Electoral, también acusandola de violencia política de género y solicitando la suspensión de sus derechos políticos y una multa. En su denuncia, Jácome alegó que quiere dejar en evidencia a todos los “partidos oscuros” que respaldaban y felicitaban a la Vicepresidenta. “No es posible que esté aliada con esa vieja política que ha estado inmersa en el crimen organizado y en el narcotráfico y quiera seguir generando inestabilidad», dijo Jácome.
La denuncia de Abad en contra de Noboa y sus funcionarios fue admitida por el juez electoral Fernando Muñoz, quien fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la “audiencia única de pruebas y alegatos”. Sin embargo, Fernando Muñoz fue recusado el 28 de agosto por la asesora presidencial Diana Jácome, y el proceso quedó temporalmente suspendido. Una recusación es un acción legal destinada a separar a un juez de una causa por cuestionamientos sobre su imparcialidad. El 8 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia oral de pruebas alegatos en la que Abad y los denunciados presentaron sus pruebas y argumentos de manera oral ante el Tribunal Contencioso Electoral.
En 2018, por primera vez, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres incluyó la definición de violencia política contra las mujeres. Esta se da en contra “candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”. Ocurre cuando hay agresiones, amenazas, discriminación a mujeres que participan en la vida política y pública para perjudicar su derecho a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres.
Ejemplo de ello es cuando una candidata es criticada por su apariencia o vida personal, desviando la atención de sus capacidades y logros. O que una ministra exitosa pueda ver sus logros minimizados con insinuaciones de que solo ocupa su cargo por cuotas de género o “favores” políticos. Esta forma de violencia incluye la obstaculización del acceso a la justicia para proteger sus derechos políticos, la imposición de sanciones injustificadas, y la negación arbitraria de bienes y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
También si se restringe su participación, se limita su derecho a la palabra en el ámbito político, y se les imponen tareas ajenas a sus funciones. En resumen, las mujeres son atacadas simplemente por ser mujeres y el objetivo principal es excluirlas del ejercicio del poder. El artículo 279 del Código de la Democracia tipifica a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave, sancionada con una multa que va desde veintiún hasta setenta salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación de entre dos y cuatro años.
El 11 de julio de 2024, después de permanecer nueve meses en Israel, Abad se pronunció a través de un comunicado en las cuentas de redes sociales de la Vicepresidencia. Dijo que las delegaciones diplomáticas se mantienen en alerta debido al conflicto armado en que Israel es parte beligerante. También alerta que el conflicto se había extendido a otros territorios, y que se había atacado a objetivos civiles y no militares, como las zonas donde se encuentran embajadas y consulados. “Estos hechos resaltan el peligro que enfrenta la población civil, incluida la vicepresidenta de la República, cuya seguridad es de vital importancia para mantener la línea presidencial de sucesión de Ecuador”, dice el comunicado.
En respuesta al comunicado de Abad, el 8 de agosto de 2024, a través del decreto ejecutivo 353 el presidente Noboa solicitó el traslado temporal de Abad a Turquía debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente. La orden era que, para el 1 de septiembre de ese año, Abad estuviese en Ankara, capital turca. El 9 de septiembre de 2024, Abad viajó hacia Turquía en cumplimiento del decreto ejecutivo. La tardía llegada de Abad a Ankara, capital de Turquía, motivaría dos meses después, su suspensión temporal por 15 días.
El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo por un supuesto abandono injustificado del lugar de trabajo, pues Abad debía presentarse a la embajada en Ankara antes del 1 de septiembre de 2024, y se presentó 8 días después. El Ministerio de Trabajo le pidió a Abad un informe técnico motivado sobre su “presunto incumplimiento” en el viaje a Turquía. Días antes, el 5 de septiembre, Julio José Neira, secretario de Integridad de la Presidencia, envió una consulta al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, que desató una controversia. Neira le preguntó al Procurador si un servidor público destituido mediante un sumario administrativo por ausentarse más de tres días podía ocupar otro cargo público.
El 11 de septiembre llegó la respuesta: los funcionarios destituidos por abandono injustificado del trabajo por tres días o más quedaban inhabilitados para ejercer otra función pública por un período de dos años. El lunes 30 de septiembre, la jueza Gloria Mayorga negó una acción de protección presentada por Abad con la que intentaba dejar sin efecto el sumario administrativo. Además, Mayorga advirtió al Ministerio de Trabajo que debía adherirse a los artículos 129 y 130 de la Constitución que estipulan que la vicepresidenta solo puede ser destituida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional y por causas específicas.
Es decir que no existe una causal constitucional para destituir a la Vicepresidenta mediante un sumario administrativo. A las dos y media de la tarde del jueves 7 de noviembre de 2024, se hizo la audiencia virtual para escuchar los cargos por parte de la Presidencia de la República y Cancillería respecto del incumplimiento de Abad. También se escuchó la versión de Abad. De hecho, Abad invitó a través de su cuenta de X a que quien quisiese se una a la audiencia desde un link de YouTube del Ministerio de Trabajo, pero la sesión no admitió invitados y hasta ahora el link permanece inhabilitado.
A las cuatro de la tarde se resolvió, según el informe, sancionar con la suspensión temporal y sin goce de remuneración por 150 días. Una vez cumplido el plazo de suspensión, el documento indica que Abad debe regresar al lugar físico de trabajo que la autoridad administrativa disponga. Esa noche, la Vicepresidenta habló en un video a través de sus redes sociales personales. Dijo que después de lo que considera ataques por parte del presidente Daniel Noboa y su círculo cercano, ocurrió una nueva violación a la Constitución. En el video denunció que el sumario administrativo no es aplicable a funcionarios electos en las urnas, y que no hay pruebas para la falta que se le atribuye.
“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado la ruptura del orden constitucional y el evento golpe de estado que se prepara para el 6 de enero”, dijo Abad asegurando que su suspensión es un ejemplo de cómo el gobierno se ha desviado de su propósito y que ha optado por el camino de la “represión”. El lunes 11 de noviembre de 2024, la defensa de la vicepresidenta Verónica Abad presentó un pedido de fiscalización a la Presidencia de la República ante la Asamblea Nacional por el sumario administrativo que determinó la suspensión de Abad por 5 meses.
A tres meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, la pugna entre Noboa y Abad continúa abierta. Su desenlace parece, también, lejano.
Fuente: GK Noticias.