El Juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva contra diez personas procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, la alcaldesa de Jipijapa (Manabí), Ángela Plúa.
Dicho dictamen se efectuó tras el pedido de la Fiscalía General del Estado.
Plúa fue detenida en su domicilio la madrugada del jueves 25 de junio en una investigación bautizada como operación Digitador.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía sostuvo que, según la investigación previa iniciada en agosto de 2025, los ahora procesados serían parte de una presunta estructura delictiva dedicada a la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas, especies valoradas y otros documentos relacionados con la revisión técnica vehicular en Manabí.
Por estas supuestas ilegalidades, habrían cobrado entre USD 100 y USD 150, para evadir requisitos legales y técnicos, afectando el servicio regular a los ciudadanos bajo la vieja confiable: “no hay sistema”, dijo el ministro del Interior, John Reimberg.
Acotó que, según la investigación, la red habría generado un perjuicio superior a USD 5 millones al Estado. Además, se detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada, con más de USD 2,6 millones sin justificación aparente.
En este contexto, en la audiencia, la Fiscalía informó al Juez de la causa la posible estructura: Ángela P., alias «La Jefa»; José Rafael F., alias “Inge”; Raúl Ernesto A., alias “Lito”; Jorge Alberto P., alias “Tito”; y Marco Alfredo M., alias “Abogado”, contra quienes presentó cargos en calidad de presuntos autores.
De igual manera, Roberto Carlos M., alias “Chencho”; Joan Antonio Á., alias “Toño”; María Monserrate P., alias “Monti”; María Fernanda L., alias “Nanda”; y Andy Estiven P., alias “Miche” fueron procesados como presuntos colaboradores.
Todos ellos fueron detenidos la madrugada del jueves 25 de junio de 2026, durante un operativo en el que se ejecutaron diecisiete allanamientos en los cantones Manta, Jipijapa, Portoviejo, Bolívar (Calceta) y Sucre (San Vicente), ubicados en la provincia de Manabí.
En el transcurso de estas diligencias se levantaron indicios como documentos similares a licencias de conducir, matrículas y especies valoradas; además, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, cuyas actas de indicios también fueron presentadas en la audiencia de formulación de cargos.
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