El caso Progen continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político. Mientras la Corte Nacional de Justicia define el futuro de las medidas cautelares impuestas a varios procesados, la Asamblea Nacional inició un proceso de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos.
La Corte Nacional conformó el tribunal encargado de resolver las apelaciones presentadas por 14 de los 21 investigados, quienes buscan revocar las órdenes de prisión preventiva en su contra. El organismo estará integrado por los jueces Julio Inga, quien actuará como ponente, además de Daniella Camacho y Manuel Cabrera. Entre los apelantes figuran el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
Hasta el momento, 19 de los 21 implicados cuentan con orden de prisión preventiva; sin embargo, únicamente dos personas han sido detenidas: Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Celec, y Julio Montesdeoca, integrante de una comisión técnica. En tanto, Karla Saud, señalada como lobista de Progen, y el directivo Andrew Williamson enfrentan solicitudes de difusión roja de Interpol, debido a que se encontrarían en Estados Unidos.
La presunta red de influencias
Las investigaciones apuntan a Karla Saud Calero como una figura clave dentro de una presunta estructura de lobby que habría facilitado la adjudicación de contratos millonarios en el sector energético. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, ha destacado la relevancia de los vínculos familiares dentro de esta trama.
Documentación revisada por las autoridades revela que Álex Dueñas, medio hermano de Saud, habría recibido pagos por USD 150.000 a través de la empresa Astrobryxa. Estos recursos tendrían origen en los USD 104 millones desembolsados por Celec a Progen para los proyectos termoeléctricos de Salitral y Quevedo.
Asimismo, Saud es identificada como accionista de Astrobryxa y representante de Progen en Ecuador, desde donde habría fortalecido la presencia de la empresa mediante compañías vinculadas.
Juicio político contra Inés Manzano
El caso también escaló al escenario político luego de que la Comisión de Fiscalización calificara el juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía. Con diez votos a favor, la comisión aprobó investigar su posible responsabilidad en la suscripción de contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM).
Los legisladores que impulsan el proceso sostienen que ambas empresas entregaron equipos que no cumplían con las condiciones requeridas, generando un presunto perjuicio económico para el Estado cercano a los USD 180 millones.
Frente a estas acusaciones, Manzano ha negado cualquier participación directa en la adjudicación de los contratos y ha defendido su actuación mediante una carta pública.
Se estima que el trámite legislativo podría extenderse entre 37 y 45 días antes de llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Para una eventual censura se requerirán 92 votos, sanción que impediría a la exfuncionaria ejercer cargos públicos durante dos años.
Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan. Las autoridades han congelado cinco cuentas bancarias vinculadas a Karla Saud, aunque estas no registraban fondos al momento de la intervención.