La Corte Constitucional ha observado que el presidente Daniel Noboa no ha proporcionado pruebas suficientes para justificar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, como lo señaló en el Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024. Este decreto reconoció el conflicto armado interno, un día después de que se decretara el estado de excepción a nivel nacional. Sin embargo, durante todo el año, Noboa no logró presentar fundamentos claros para sustentar esta medida, lo que ha generado controversia.
La Constitución de Ecuador establece que el presidente puede declarar un estado de excepción en situaciones de conflicto armado interno o externo, entre otros casos, pero la Corte Constitucional señaló que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión compleja que no depende únicamente de declaraciones políticas. La Corte revisó esta situación en varias ocasiones y concluyó que Noboa no había justificado de manera adecuada la existencia de un conflicto armado interno.
En un análisis realizado el 29 de febrero de 2024, la Corte advirtió que un conflicto armado interno ocurre cuando hay violencia prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados. La Corte destacó que, hasta ese momento, no se había presentado evidencia suficiente para probar que se estaba dando tal conflicto en el país. En un dictamen posterior, el 21 de marzo de 2024, la Corte reiteró que el presidente no había brindado información suficiente sobre los actores involucrados ni sobre la intensidad de las hostilidades.
El 9 de mayo de 2024, la Corte emitió otro dictamen en el que explicó que para que exista un conflicto armado no internacional (CANI) deben concurrir dos condiciones: la organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades. La Corte destacó que, nuevamente, el presidente no había proporcionado elementos claros sobre estos aspectos, lo que llevó a la conclusión de que no había justificación suficiente para declarar un conflicto armado interno en Ecuador.
A pesar de los señalamientos de la Corte Constitucional, el gobierno de Noboa insistió en la existencia de un conflicto armado interno, presentando documentos confidenciales del Bloque de Seguridad. Sin embargo, la Corte observó que estos informes no demostraron que se cumplían los requisitos necesarios para justificar la existencia de un CANI, ya que se limitaban a detallar los operativos militares durante los estados de excepción, sin abordar la organización de los grupos armados ni la intensidad de los enfrentamientos.
La figura del conflicto armado interno ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, principalmente por organizaciones de derechos humanos. Estas entidades señalan que la declaración del conflicto armado interno ha sido utilizada para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente en las zonas más inseguras del país. En 2024, se han documentado al menos 12 casos de desapariciones forzadas, lo que ha aumentado las críticas sobre el abuso de poder.
La controversia alcanzó su punto máximo con la desaparición de cuatro niños en Guayaquil el 8 de diciembre de 2024. Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina fueron detenidos por 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sector de Las Malvinas y permanecen desaparecidos. Los militares involucrados están siendo investigados, y se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos el 31 de diciembre de 2024 en Guayaquil. Este caso ha intensificado las críticas al manejo del conflicto armado interno por parte del gobierno.
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