TCE ratifica sanción a Verónica Abad por campaña anticipada y rechaza apelaciones de ambas partes
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó la sanción impuesta a Verónica Abad por realizar campaña anticipada, al negar los recursos de apelación presentados tanto por Juan Esteban Guarderas como por la propia Abad en el marco de la causa 121-2024-TCE. Con esta resolución, se mantiene la sentencia de primera instancia que obliga a Abad a pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, 9.400 dólares.
De acuerdo con el fallo, la jueza de instancia determinó que Abad cometió una infracción electoral grave al difundir propaganda electoral fuera del período autorizado. La sanción, emitida el 5 de noviembre de 2024, se basó en publicaciones realizadas en redes sociales y otros eventos que, a criterio del Tribunal, tenían el objetivo de captar votos antes del inicio oficial de la campaña.
Argumentos de las apelaciones
Juan Esteban Guarderas, quien interpuso la denuncia inicial, apeló la sentencia alegando que la sanción económica impuesta a Abad era insuficiente. Solicitó, además, la suspensión de los derechos de participación de la candidata por dos años, argumentando que la conducta sancionada le proporcionó una ventaja indebida en el proceso electoral y que la multa no era proporcional al daño ocasionado al sistema democrático.
Por su parte, Verónica Abad sostuvo que la prueba presentada en su contra era inválida e improcedente. Señaló que las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales debían ser sometidas a peritajes para verificar su autenticidad. Asimismo, denunció una supuesta vulneración a su derecho a la defensa debido a presuntas irregularidades en el proceso de citación.
Decisión del Tribunal
Tras analizar los recursos, el Pleno del TCE desestimó ambas apelaciones y ratificó la sentencia original. El Tribunal concluyó que las pruebas en contra de Abad eran válidas y habían sido valoradas correctamente.
En cuanto a la solicitud de Guarderas de suspender los derechos de participación de Abad, el TCE determinó que dicha medida no estaba justificada, ya que, aunque se trató de una infracción grave, no se comprobó un daño significativo al proceso electoral.
Respecto a los argumentos de Abad, el Tribunal resolvió que las pruebas presentadas eran pertinentes y conducentes. Además, concluyó que la citación se realizó conforme a la normativa vigente, por lo que se descartó cualquier vulneración a su derecho a la defensa.