El expresidente Rafael Correa denuncia una directiva encubierta enviada a funcionarios de inmigración ecuatorianos, instruyéndoles a monitorear discretamente e informar sobre una lista de aproximadamente 100 personas, incluyendo estrategas de campaña, con el objetivo de restringir su derecho a salir del país.
Entre los presuntos objetivos se encuentra Diego Borja, excandidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, quien denuncia haber sido detenido arbitrariamente por las autoridades en el Puente Internacional de Rumichaca mientras intentaba viajar a Colombia para las vacaciones de Semana Santa con su esposa.
Borja afirma que, sin orden judicial ni explicación, los agentes intentaron confiscarle su identificación y detenerlo, interpretando la acción como una represalia por sus vínculos políticos y sus críticas al gobierno actual, que, según él, está marcado por la corrupción y la erosión de los derechos civiles.
Correa, afirma que estas recientes acciones forman parte de un patrón de persecución política y un intento de silenciar las voces de la oposición y desmantelar los movimientos progresistas en Ecuador. El gobierno aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones, pero los acontecimientos han provocado una ola de preocupación por la integridad democrática y los derechos humanos en el país a medida que aumentan las tensiones antes de futuras elecciones.