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Fiscal Diana Salazar reactivó el caso Reconstrucción de Manabí que vincula a Jorge Glas

by Ecuador En Directo

La audiencia del caso relacionado con la Reconstrucción de Manabí se reanudó el miércoles 16 de abril de 2025, con la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El caso investiga un presunto esquema de malversación de fondos públicos recaudados después del terremoto de 2016. En total, nueve personas están siendo procesadas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y otros ex altos funcionarios vinculados a distintas instituciones del Estado.

Según el Ministerio Público, los imputados se habrían beneficiado con fondos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, que sumaron más de 1.600 millones de dólares, monto destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas y la reactivación económica de la provincia de Manabí. En lugar de aplicarse a los proyectos previstos para la emergencia, los recursos se habrían desviado a otras obras e intereses ajenos al propósito original.

Durante la sesión, celebrada de manera virtual, la defensa de los acusados ​​continuó con los argumentos iniciados el día anterior. La Fiscalía sostiene que los imputados abusaron de sus cargos públicos al suscribir contratos y autorizar pagos a empresas y proyectos ajenos a la catástrofe, comprometiendo la transparencia y la finalidad de los recursos públicos.

Entre los acusados ​​se encuentran importantes figuras como Carlos Andrés B.A., exsecretario de la Comisión de Reconstrucción; Boris Sebastián C.G., ex Ministro de Transporte y Obras Públicas; y Pablo Ernesto O.H., exgerente de Ecuador Estratégico EP. En la lista también aparecen ex empleados de Inmobiliar, Secob y del Ministerio de Topografía. Todos ellos están designados como responsables de supervisar y ejecutar los contratos firmados en el contexto de la emergencia.

La continuación de este proceso es vigilada de cerca por la opinión pública y las instituciones de control, ya que el uso indebido de recursos en situaciones de calamidad representa una grave violación a los deberes administrativos y éticos. La decisión del tribunal sobre llamar o no a los acusados ​​a juicio será crucial para el avance del proceso y para que los involucrados rindan cuentas.

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