La Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar Méndez, solicitó formalmente el sobreseimiento de la investigación por peculado contra la exministra del Interior, María Paula Romo, y su esposo, Iván Xavier Granda Molina, exsecretario Anticorrupción. La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó que el presunto uso indebido de una aeronave de la Policía Nacional en marzo de 2019 no constituye delito, basándose en la documentación y el cumplimiento de los procedimientos que demuestran que los viajes fueron oficiales.
La FGE explicó que el caso carece de los elementos necesarios para una acusación de peculado, en particular la ausencia de verbos rectores que se utilizan habitualmente para definir estos delitos. Un informe de la Contraloría General del Estado respalda esta conclusión, indicando que se siguieron todos los protocolos y que el uso de la aeronave del Servicio de Aeropolicía había sido debidamente autorizado.
El coronel Byron Haro, comandante del Servicio de Aeropolicía, había aprobado los vuelos, que se realizaron según los procedimientos operativos estándar. Esta decisión fue formalizada por el Juez Nacional Marco Rodríguez Ruíz, quien declaró que la denuncia no fue maliciosa ni imprudente. La acusación original fue presentada en 2019 por el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja, a raíz de una solicitud de la legisladora María Lourdes Cuesta para investigar un vuelo presuntamente utilizado por Romo y Granda para fines personales, incluyendo un viaje con sus hijos a Salinas. En ese momento, surgieron sospechas de que se habían utilizado recursos públicos para unas vacaciones en el complejo Casa Blanca.
En respuesta a la controversia, Romo publicó una aclaración en redes sociales, indicando que el vuelo estaba relacionado con su función oficial de facilitar una reunión entre el entonces presidente Lenín Moreno y el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Granda agregó que el viaje de la familia a Salinas ocurrió solo después de la reunión oficial, alegando motivos de seguridad como justificación para utilizar una aeronave policial. Argumentó además que contaban con recursos personales limitados y priorizaron los protocolos de seguridad oficiales sobre la contratación de transporte privado.
Con el caso cerrado, la Fiscalía General de la República refuerza su postura de que los procesos legales deben guiarse por la evidencia y la integridad institucional, no por la especulación política. El sobreseimiento de los cargos se produce al final del mandato de Diana Salazar como Fiscal General y refuerza su legado de gestión de casos políticamente sensibles, con un enfoque en la justicia procesal y la claridad jurídica. El resultado también reabre el debate público sobre el equilibrio entre el uso de los recursos estatales, la transparencia y las presiones políticas que rodean a exfuncionarios del gobierno.