Por: Mónica Luzárraga
El 8 de diciembre de 2024, en horas de la noche, un niño y tres adolescentes —dos de ellos hermanos— no regresaron a sus hogares en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Veintitrés días después, sus restos incinerados confirmaron lo peor. Fueron ejecutados, sus cuerpos arrojados a un manglar, como si el fuego y el lodo pudieran borrar las huellas de sus verdugos y garantizarles la impunidad.
Josué, Ismael, Steven y Saúl no murieron solo ese día. Su destino comenzó a definirse mucho antes, el 9 de enero de 2024, cuando el gobierno de Daniel Noboa, tras el asalto televisado a TC Televisión, declaró un supuesto «conflicto armado interno». Esa narrativa —construida con fines políticos— le permitió al gobierno aumentar el IVA para satisfacer las exigencias del FMI y, simultáneamente, activar el Plan Fénix: una política de seguridad que autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, completamente ajenas a su formación y mandato constitucional.
Desde entonces, los sectores populares se convirtieron en trincheras. En esos territorios donde ser joven, pobre y tatuado es sinónimo de ser delincuente, militares armados realizaron detenciones arbitrarias, torturas, vejaciones públicas, humillaciones sistemáticas. Desnudaban a transeúntes, grababan las agresiones y las compartían con impunidad.
Mientras tanto, el gobierno y gran parte de la ciudadanía aplaudía. Se instaló un falso orgullo nacional basado en el castigo y la brutalidad como supuesta solución al crimen organizado.
Las primeras denuncias no tardaron en llegar. Defensores de derechos humanos, ciudadanos comunes, incluso organismos internacionales comenzaron a documentar desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales. A cambio, se les acusó de «defender delincuentes». La ley fue ignorada, la institucionalidad, pisoteada.
El presidente Noboa no solo permitió estas violaciones: las promovió. “Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, dijo el 6 de junio de 2024, exaltando el accionar de las Fuerzas Armadas. Anunció bonos, premios, recompensas, incluso indultos. Les dio carta blanca. Les dio poder sin control.
Así llegamos al episodio más atroz del año: la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos calcinados de los cuatro niños afroecuatorianos.
Cuatro vidas segadas luego de haber sido intervenidas ilegalmente por una patrulla de 16 agentes de la Fuerza Aérea. Hoy sabemos —por las confesiones de cuatro de ellos— que fueron torturados durante horas antes de ser asesinados. Lo hicieron desde las sombras, buscando ya no la represión pública sino la ejecución silenciosa. No dejaron de torturar: solo aprendieron a hacerlo sin dejar rastro.
Y, sin embargo, no hay justicia. El gobierno protege a los responsables. Sus voceros intentan justificar lo injustificable, minimizar lo imperdonable. Pero la verdad es esta: el destino de esos cuatro niños se selló el día que el Estado decidió combatir la pobreza con represión y el crimen con racismo.
A un año y cinco meses del inicio de esta política de muerte, la pregunta se mantiene viva: ¿lo siguen haciendo? ¿Continúan los abusos, ahora con mayor sofisticación, pero con el mismo desprecio por la vida humana?
¿Dónde quedó el honor, la entrega y la valentía de quienes juraron servir a la patria? Un uniforme empapado de sangre no trae dignidad. Y menos aún cuando esa sangre es de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. No eran criminales. Eran niños.
Y en Ecuador, hoy más que nunca, necesitamos recordarlo.