La comisión ocasional de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el miércoles 30 de abril de 2025, un informe que autoriza la eliminación de la prohibición de la base militar extranjera en el territorio nacional. La medida representa un paso decisivo dentro de la propuesta de reforma parcial al Artículo 5 de la Constitución, que ha sido tratada bajo una fuerte atención pública y política.
El informe se defendió como un intento de fortalecer la respuesta del estado a la crisis de seguridad pública que golpea al país, especialmente en las provincias costeras. Sin embargo, la Bancada Ciudadana, acusa al gobierno de tratar de encubrir su falta de gestión con soluciones externas y peligrosas.
En una declaración emitida este miércoles, los correístas rechazaron con vehemencia la medida, afirmando que la presencia de militares extranjeros en suelo ecuatoriano en el pasado trajo graves consecuencias como el abuso, la violación de los derechos humanos y la destrucción ambiental. Advierten que esta decisión representa un retroceso democrático y compromete la soberanía nacional.
La declaración, firmada por varios legisladores del sector, se asemeja a episodios anteriores que involucran al personal militar estadounidense sobre la base de mantas, que habrían causado una mayor violencia sexual, prostitución e impactos sociales negativos. «La inseguridad no se resuelve entregando el territorio nacional», dicen.
Todavía será necesario que la propuesta realice más debates en plenario y, eventualmente, una consulta popular. Pero el tema ya ha causado una fuerte repercusión entre analistas políticos y movimientos sociales. El clima es de tensión: para los críticos, esta reforma no es solo un problema militar, sino una prueba del concepto de soberanía en el Ecuador del siglo XXI.