El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador decidió este jueves suspender los derechos políticos de la asambleísta electa Priscila Schettini, del movimiento Revolución Ciudadana. La decisión, aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra, impide a Schettini asumir el cargo para el que fue electa, bajo las acusaciones de violencia política de género en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar.
La medida incluye, además de la suspensión de sus derechos políticos por tres años, una multa de $22.500, correspondiente a cincuenta salarios base unificados. Según la resolución, Schettini presuntamente promovió acciones que afectaron negativamente la integridad personal y profesional de la fiscal, buscando forzar su salida del cargo mediante reiterados ataques públicos.
El caso se remonta a 2023, cuando Schettini y su colega abogada Angélica Porras, ambos vinculados al correísmo, participaron en una campaña que buscaba deslegitimar la actuación del fiscal Salazar. Ambos realizaron varias publicaciones en redes sociales y medios de comunicación utilizando términos ofensivos, como “corrupta”, “mentirosa” e “inepta”, así como connotaciones racistas y sexistas, según la denuncia.
La jueza Ivonne Coloma votó en contra de la sanción, alegando que durante el proceso no se respetó el derecho a la defensa de los imputados. Sin embargo, la mayoría de los miembros del TCE consideraron que hay pruebas suficientes para mantener las sanciones previamente establecidas. La reapertura del caso se produce tras siete meses de suspensión y es fruto del recurso presentado contra la decisión inicial.
El juez Fernando Muñoz, responsable de la sentencia original, sostiene que los actos de los implicados constituyen violencia política de género, una práctica que compromete la democracia y la participación igualitaria de las mujeres en los espacios institucionales. La decisión sienta un precedente importante en el abordaje de este tipo de conductas en el escenario político ecuatoriano.
Mientras tanto, el movimiento Revolución Ciudadana denuncia lo que califica como “obstáculos institucionales” y cuestiona la imparcialidad del CNE y TCE. Según el grupo, existe un intento deliberado de restringir su presencia legislativa, incluida una investigación paralela sobre el recuento de votos en la segunda vuelta de las elecciones.