Las activistas políticas, Priscila Schettini y Angélica Porras, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular, reafirman públicamente que no acatarán la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que las condenó por violencia política de género contra la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar. Ambas se niegan a eliminar publicaciones en las redes sociales y no se disculparán públicamente, incluso ante las sanciones impuestas.
La decisión del TCE, determina que Schettini y Porras deberán pagar multas de US$22.500 y US$13.500, respectivamente, además de suspender sus derechos políticos por tres y dos años respectivamente. El tribunal también ordena a ambas mujeres borrar de sus redes sociales publicaciones con hashtags como #LadyImpericia y menciones a la fiscal, además de ofrecer disculpas públicas que deberán permanecer publicadas durante 180 días. Además, deberán participar en 40 horas de sensibilización sobre violencia política de género.
Schettini y Porras argumentan que la sentencia es una forma de represalia por sus denuncias contra Salazar, incluyendo acusaciones de plagio en su tesis y supuesta manipulación de pruebas en el caso del ex defensor del Pueblo Freddy Carrión. Afirman que el juez Fernando Muñoz, responsable de la decisión, no actuó con imparcialidad, pues estaba siendo investigado por la propia fiscal.
En declaraciones públicas, Schettini y Porras enfatizan que no se retractarán de sus acusaciones, aunque eso pueda acarrearles cárcel. Dicen que están dispuestas a afrontar consecuencias legales porque creen que sus acusaciones son ciertas.
La fiscal Diana Salazar, por su parte, considera la decisión del TCE un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género. Destaca que la sentencia reconoce los ataques sistemáticos que sufrió y refuerza la necesidad de proteger a las mujeres en puestos de liderazgo político.