La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, reafirmó públicamente su acusación contra el expresidente Guillermo Lasso por evadir la justicia y encubrir la corrupción en el caso FLOPEC (Flota Petrolera Ecuatoriana). En su declaración, denunció la existencia de un sistema de justicia cooptado por intereses políticos y económicos, responsabilizando directamente a Lasso de proteger a aliados involucrados en escándalos de malversación de fondos públicos.
La legisladora denunció haber sido objeto de violencia política, persecución y amenazas de muerte por sus acciones, y recalcó que no se dejará intimidar por las «amenazas y estribillos» del expresidente. Según Veloz, la reacción de Lasso no es una legítima defensa, sino una confesión indirecta, pues no niega la existencia de corrupción en el caso, sólo se basa en una decisión judicial supuestamente ilegítima.
Veloz también cuestiona por qué Hernán Luque Lecaro, aliado de Lasso y ex funcionario del gobierno, sigue prófugo y protegido. Sugiere que Luque Lecaro tiene información comprometedora sobre el expresidente y sus vínculos con Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y Rubén Cherres, el narcotraficante asesinado. Estas conexiones, según la parlamentaria, son señales claras de una red de corrupción institucionalizada.
En su argumentación, Veloz recuerda que el artículo 131 de la Constitución ecuatoriana autoriza a la Asamblea Nacional a supervisar al Presidente, lo que se hizo con base en documentos, testimonios e informes oficiales. Ella refutó las críticas de Lasso, quien calificó el proceso como un «espectáculo», afirmando que fue una demanda legítima del pueblo ecuatoriano.
El asambleísta Esteban Torres Cobo, también destaca que el proceso de impeachment estuvo legalmente justificado, incluso reconocido por la Corte Constitucional, pese a que tres de los nueve jueces habían sido nombrados durante el gobierno de Lasso. En su cuenta de X expuso: «hoy se cumplen dos años de mi interpelación en Juicio Político al Presidente de la República. Episodio que finalmente provocaría la Muerte Cruzada y las nuevas elecciones. Los que se fueron desaparecieron de la esfera política. Los que luchamos seguimos aquí. El tiempo pone las cosas en su lugar».
Los legisladores que interpelaron contra Lasso en la Asamblea 2023-2025, afirmaron que la «muerte cruzada» decretada por el expresidente fue una maniobra para escapar de la censura y de un posible impeachment, lo que confirma su responsabilidad política en el caso de malversación de fondos.
Finalmente, Veloz sostiene que la historia y el pueblo ecuatoriano sabrán diferenciar entre quienes actuaron con dignidad y quienes eludieron sus responsabilidades. Finaliza su declaración prometiendo seguir luchando contra la corrupción en el país, resaltando que ni las amenazas ni la persecución detendrán su misión de buscar justicia y transparencia en Ecuador.