Este 11 de junio del 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó, por 76 votos a favor y 71 en contra, la propuesta del asambleísta Blasco Luna de incluir en la agenda un debate urgente sobre los contratos entre el gobierno ecuatoriano y la empresa estadounidense Progen. Este intento de control parlamentario pretendía examinar los términos y consecuencias de estos acuerdos, en particular los relacionados con la gestión de las centrales Salitral y Quevedo.
El rechazo mayoritario, apoyado por la bancada oficialista, pone en duda el compromiso con la transparencia en un asunto que involucra enormes fondos públicos. Progen, socia del gobierno en un contrato firmado en agosto de 2024 para el alquiler de generadores eléctricos, se encuentra en el centro de una disputa contractual desde que CELEC anunció, entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2025, la rescisión unilateral del acuerdo.
Según la empresa, esta rescisión fue «arbitraria» y no estuvo sujeta a consulta previa. Progen ha anunciado que iniciará un proceso de arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano, lo que podría exponer al país a fuertes sanciones económicas.
La oposición ha denunciado enérgicamente lo que considera «el mayor robo en la historia reciente del país». Figuras políticas como Náhuel Mendoza y el legislador Héctor Rodríguez alertan sobre el riesgo de nuevos cortes de energía que podrían afectar a los hogares ecuatorianos en las próximas semanas. Según ellos, la negativa a supervisar los contratos de Progen refleja un intento deliberado de ocultar posibles irregularidades financieras o políticas relacionadas con estos acuerdos.
El asambleísta Lenín Barreto, quien también apoyó la propuesta de Blasco Luna, acusa a la mayoría parlamentaria de comprometer la transparencia institucional, y la estabilidad energética del país. En medio de la crisis energética, la vigilancia del poder legislativo cede ante la lealtad política, en detrimento del interés colectivo. Los expertos creen que esta decisión podría socavar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
En el centro de esta controversia, persiste una pregunta: ¿qué contiene realmente el contrato de Progen, que el Gobierno se niega a permitir que se examine públicamente? La falta de supervisión política, herramienta fundamental de cualquier democracia, alimenta ahora sospechas de opacidad, conflictos de interés y mala gestión. Algunos analistas y actores políticos como Ana Galarza, sugieren una estrategia de distracción para evitar que el escándalo manche al gobierno de Daniel Noboa, ya criticado por su manejo irregular de la crisis energética.
El caso Progen se ha convertido así en un símbolo de la falta de transparencia y el declive de los mecanismos de supervisión institucional en Ecuador. Mientras la ciudadanía se preocupa por el resurgimiento de los apagones, el poder legislativo, en gran medida alineado con el ejecutivo, se niega a aceptar cualquier intento de investigación parlamentaria. De acuerdo a la opinión pública, al optar por ignorar la situación, los funcionarios electos se arriesgan a perder la confianza de sus votantes.