El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), inició oficialmente la recolección de firmas para impulsar un proceso de destitución política contra Gonzalo Albán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La iniciativa fue impulsada por el asambleísta de ADN, Keevin Gallardo Ruiz, quien presentó la moción alegando presuntos incumplimientos de sus deberes, incluyendo aparentes irregularidades en la declaración de afiliación partidaria de Albán al registrarse como candidato del CPCCS.
Albán asumió su cargo en el CPCCS, ocupando la vacante dejada por Augusto Verduga, quien renunció en medio de la polémica pública relacionada con el escándalo de la Liga Azul. La solicitud de ADN surge tras las crecientes críticas al papel de Albán en los continuos retrasos y contratiempos en los concursos para instituciones públicas, como el nuevo Fiscal General y los miembros del Consejo de la Judicatura.
El expediente oficial describió cómo Albán presuntamente no presentó documentación clara sobre su desvinculación política de su anterior afiliación al partido —un requisito legal—, lo que dio lugar a alegaciones de inadmisibilidad de su candidatura. ADN argumenta que su permanencia en el cargo socava la integridad del CPCCS y obstruye los procesos democráticos.
En declaraciones públicas, Albán respondió confirmando que había recibido la notificación de la moción del juicio político y se comprometió a cooperar con el proceso. Sin embargo, advirtió que la medida podría interpretarse como una injerencia política indebida en la autonomía del CPCCS.
Analistas políticos señalaron que ADN cuenta con suficiente apoyo legislativo —dada su alianza con partidos afines— para reunir las 38 firmas requeridas (una cuarta parte de la Asamblea) para iniciar formalmente el juicio político. Si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admite la denuncia, se iniciará un proceso de investigación formal.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos legales advirtieron sobre la posible politización de las instituciones de supervisión. Enfatizaron que se debe permitir al CPCCS autonomía para realizar selecciones públicas justas para cargos judiciales e independencia de las maquinaciones partidistas.
Con el proceso de destitución en marcha, la nueva mayoría en torno al CPCCS enfrenta una creciente presión. A corto plazo, decisiones importantes como la elección de un nuevo Fiscal General o la renovación de la Judicatura pondrán a prueba si los procesos institucionales prevalecen sobre la aceleración política y cómo el CPCCS gestiona su credibilidad en medio del panorama legislativo.