El vicepresidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, Raúl Chávez, alertó sobre el colapso de la salud pública en Ecuador, destacando la baja ejecución presupuestaria en el primer semestre y el elevado número de muertes neonatales este año. Según el legislador, los hospitales de Guayaquil concentran algunos de los casos, y la situación requiere medidas urgentes del Ministerio de Salud. Sus cifras fueron presentadas en redes sociales y debatidas en la Asamblea, que exigió explicaciones al Ejecutivo.
El contexto de la denuncia es la crisis que se desató en el Hospital Universitario de Guayaquil, donde se registraron al menos 12 muertes de recién nacidos entre finales de julio y principios de agosto. El Ministerio de Salud atribuyó los casos a causas «multifactoriales», incluyendo la prematuridad, y confirmó que dos de ellos estaban relacionados con una infección por Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos. La tragedia desencadenó investigaciones y expuso las deficiencias en el suministro y la capacidad hospitalaria.
Chávez, informó que solo en 2025, 624 recién nacidos ya fallecieron en el país, incluyendo 75 en el Hospital Universitario, 28 en el Monte Sinaí y 27 en el Matilde Hidalgo, todos en Guayaquil. En respuesta a la conmoción, las autoridades provinciales y el Gobierno anunciaron medidas extraordinarias, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas en tres hospitales de Guayaquil, mientras se reforzaban los protocolos y las auditorías clínicas. La intervención se presentó como temporal, centrándose en la logística, la seguridad y la contingencia para áreas críticas.
En el ámbito fiscal, organizaciones y analistas han señalado que la ejecución del presupuesto de salud en el primer semestre de 2025 fue cercana al 12%, un nivel considerado insuficiente para abordar la presión sobre la atención médica durante ese período. La propia Asamblea ha identificado la baja ejecución como un problema de supervisión, mientras que informes independientes han revisado las reducciones y reprogramaciones presupuestarias desde finales de 2024.
Expertos señalan que la Constitución exige un aumento anual de las asignaciones a la atención médica de al menos el 4% del PIB, una meta que históricamente no se ha alcanzado de forma consistente. En los últimos años, el presupuesto inicial y la ejecución real fueron inferiores a las necesidades, lo que generó cuellos de botella en suministros, mantenimiento de equipos y dotación de personal.
Organizaciones médicas y de derechos humanos han solicitado la declaración del sistema en emergencia para acelerar las compras, reforzar el personal y garantizar el suministro de medicamentos e insumos para neonatología y cuidados intensivos. Para estas organizaciones, la transparencia en las auditorías y la publicación de datos consolidados de mortalidad neonatal son pasos esenciales para restablecer la confianza de los usuarios.