En la madrugada del 16 de octubre, un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Milagro, en la provincia del Guayas, protagonizando un violento asalto contra los agentes que se encontraban de turno. Según los primeros reportes difundidos por medios locales y redes sociales, los atacantes golpearon al policía de guardia y le arrebataron su arma de dotación antes de huir del lugar.
Videos e imágenes compartidos en Facebook, Instagram y TikTok muestran el momento posterior al ataque y a varios uniformados en estado de shock dentro del recinto. Las grabaciones, verificadas por cuentas de medios digitales, confirman que el grupo delictivo actuó con planificación y a plena madrugada, aprovechando la limitada presencia de refuerzos en la zona.
La comunidad de Milagro reaccionó con indignación ante el hecho, señalando que ni siquiera las instalaciones policiales son seguras en medio del incremento de la violencia en Ecuador. Ciudadanos en redes sociales expresaron duras críticas hacia las autoridades, reclamando que “la fuerza mostrada contra manifestantes en protestas debería usarse contra el crimen organizado”.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el asalto ni ha confirmado si existen detenidos. Este silencio institucional ha incrementado la sensación de desprotección y alimentado la desconfianza pública hacia el sistema de seguridad.
Diversos reportes ciudadanos indican que los delincuentes se movilizaban en motocicletas y vehículos sin placas, un patrón que coincide con otros ataques recientes contra UPC y patrullas en distintos cantones del litoral. Analistas en seguridad advierten que estos hechos muestran una creciente ofensiva criminal contra el Estado y sus fuerzas del orden.
La agresión a la UPC de Milagro se suma a una serie de episodios de violencia que han golpeado al país durante las últimas semanas, incluyendo ataques a policías, robos de armamento, cochebombas y enfrentamientos en zonas urbanas. Las autoridades locales han pedido apoyo urgente al Gobierno central para reforzar el patrullaje y blindar las unidades policiales más vulnerables.
Organismos ciudadanos y observadores internacionales exigen ahora una investigación transparente sobre el ataque, la identificación de los responsables y la adopción de medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los agentes y de la población. El suceso, ampliamente difundido en redes sociales, simboliza la fragilidad del orden público en Ecuador y la urgente necesidad de una respuesta estatal coherente y efectiva frente a la escalada delictiva.