Las autoridades ecuatorianas llevaron a cabo el traslado de cerca de 80 internos de alto riesgo al recién inaugurado complejo penitenciario El Encuentro, en la península de Santa Elena. El traslado se realizó bajo un amplio operativo de seguridad que incluyó el despliegue de unidades militares y policiales a lo largo de la ruta y alrededor del centro penitenciario para prevenir posibles disturbios o intentos de fuga, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI).
El traslado comenzó en la madrugada desde diversas cárceles, incluyendo las de Guayaquil, Latacunga, Cuenca, Machala y Esmeraldas, con estrictos protocolos y convoyes escoltados por vehículos blindados, drones y oficiales fuertemente armados para garantizar la seguridad del operativo y la integridad de los internos, muchos de los cuales tienen vínculos con grupos del crimen organizado que han protagonizado incidentes violentos en otros centros penitenciarios.
La llegada de los primeros autobuses a El Encuentro generó preocupación entre los residentes de las comunidades aledañas, quienes expresaron temor por posibles riesgos de seguridad y exigieron garantías al Gobierno de que la presencia de estos reclusos no afectaría la vida local ni el orden público, recordando los episodios de violencia ocurridos en otros centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el país.
Las autoridades enfatizaron que El Encuentro fue diseñada específicamente para albergar a reclusos de alto riesgo y cuenta con sistemas de seguridad reforzados, tecnología de vigilancia y zonas controladas destinadas a prevenir la comunicación entre organizaciones criminales y reducir el nivel de violencia interna que ha azotado el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años.
Fuentes gubernamentales indicaron que este traslado marcó el inicio de un plan de reestructuración para reorganizar la red penitenciaria nacional, reducir el hacinamiento y separar a los reclusos según el riesgo y el perfil criminal, una medida que la administración del presidente Daniel Noboa consideró esencial para recuperar el control del sistema penitenciario tras las múltiples masacres y disturbios ocurridos en los últimos meses.
A pesar de las garantías oficiales, varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de transparencia en torno a la selección de los internos y las condiciones de su traslado, advirtiendo que, sin una supervisión adecuada, tales acciones podrían generar nuevas tensiones, abusos o violaciones de los derechos de los presos bajo el pretexto de una reforma de seguridad.