En diciembre de 2025, se hicieron públicos audios en los que Carlos Serrano afirmaba que Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha en ese momento, había ejercido presión sobre ellos en el asunto del narcotraficante Jezdimir Srdan.
Carlos Serrano, el juez anticorrupción, presentó su renuncia voluntaria el pasado sábado 7 de marzo, la cual fue aceptada por el Consejo de la Judicatura. En una sesión extraordinaria virtual, los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y Damián Larco decidieron que sí a su salida.
La dimisión de Serrano no es un acontecimiento trivial. El magistrado lo realizó después de que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en un caso vinculado al narcotraficante Jezdimir Srdan por el crimen de blanqueo de activos, denunciara presiones y amenazas.
El 22 de diciembre del año 2025, se hicieron públicos audios en los que Serrano afirmaba que Gaibor, quien ocupaba el cargo de director de la Judicatura de Pichincha en aquel momento, había supuestamente ejercido presión para obtener una resolución favorable.
Mario Godoy, el presidente de la Judicatura en ese momento, también se vio involucrado y tuvo que renunciar a su puesto semanas después; además, fue juzgado políticamente por la Asamblea Nacional.
“Lo ocurrido no puede volver a suceder. Ningún juez, ningún fiscal, ningún servidor judicial puede desempeñar su labor bajo intimidación o amenazas de quienes pretenden interferir en la correcta administración de justicia”, señaló el presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco.
Por último, la Judicatura admitió la renuncia entregada en diciembre pasado, más de dos meses después. Esto sucedió tras la sentencia de 10 años de prisión impuesta al serbio Srdan por el Tribunal de Garantías Penales, especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con crimen organizado y corrupción (en el que Serrano participó).
Después de que se creó el puesto vacante, las autoridades ordenaron a la Dirección Provincial de Pichincha que realice los trámites requeridos para evitar que la prestación del servicio judicial en las dependencias anticorrupción se vea perjudicada.