En una decisión unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 118 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para la Agilización y Garantía del Derecho a Vivir en Familia mediante la Adopción. La iniciativa, tramitada por la Comisión de Transparencia y Control Social, busca reestructurar un sistema judicial y administrativo que históricamente tomaba años en resolver la situación legal de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida.
La normativa aprobada modifica el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y el Código Orgánico de la Función Judicial. Entre sus ejes principales, la ley establece un límite de tiempo perentorio para que la totalidad del trámite de adopción no exceda el plazo de un año. Para evitar duplicidad de actuaciones e informes, se dispone el principio de unidad judicial, obligando a que un solo juez conozca y tramite el caso desde su inicio hasta la resolución final.
Dentro de los plazos fijados por el Parlamento, se determina que una vez declarada la adoptabilidad del menor, la autoridad judicial tendrá hasta diez días para notificar a la Unidad Técnica de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Asimismo, la etapa de emparentamiento no podrá superar los 40 días, mientras que el Registro Civil dispondrá de un término máximo de tres días para concretar la inscripción y nueva identidad del adoptado. Para frenar la burocracia, se establecen sanciones disciplinarias e incluso causales de destitución para los funcionarios que dilaten los expedientes sin justificativo técnico.
Por otro lado, el texto reforma el marco legal sobre la privación de la patria potestad, incorporando nuevas causales como la comisión de delitos contra la integridad sexual de los hijos o el sometimiento de menores a tratamientos y procedimientos médicos destinados a alterar su sexo biológico, salvo excepciones por intersexualidad. Adicionalmente, la ley incluye un mecanismo de protección social para los jóvenes que alcancen los 18 años viviendo en centros de acogida sin haber sido adoptados, garantizándoles acceso prioritario a becas de estudio y apoyo para su inserción laboral e independencia.
Tras su aprobación en la sesión plenaria, el proyecto legislativo remitido por el Parlamento pasará en las próximas horas al Ejecutivo para su respectiva sanción o veto constitucional.
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