Apenas horas antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas, el gobierno del candidato-presidente Daniel Noboa, desencadenó una ola de decisiones abruptas y controvertidas que ensombrecieron la transparencia y la estabilidad del proceso electoral. El CNE, y por solicitud del SNAI, suspendió inesperadamente la votación en las cárceles, Centro de Privación de Libertad (CPL) 1 de Machala, y el CPL 4 de Portoviejo(conocido como El Rodeo), alegando «preocupaciones de seguridad», lo que generó alarma sobre el derecho de los ciudadanos encarcelados a participar en el proceso democrático. Defensores de los derechos humanos calificaron la medida de arbitraria y con motivaciones políticas.
Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reubicación de 11 colegios electorales en todo el país, incluyendo zonas afectadas por las recientes lluvias. Los críticos argumentaron que la decisión, tan cerca del día de las elecciones, podría privar del derecho al voto a los votantes rurales y vulnerables, quienes podrían enfrentar confusión u obstáculos logísticos para llegar a las nuevas ubicaciones. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que no se comunicaron previamente planes de contingencia.
Para avivar la polémica política, Noboa declara un feriado nacional sorpresivo para el miércoles 17 de abril, con el pretexto de los preparativos de Semana Santa. Sin embargo, los analistas consideran la medida una distracción calculada y una táctica para limitar el escrutinio público en medio de la creciente tensión.
Asimismo, el candidato-presidente decreto un Estado de Excepción con efecto inmediato para Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, justificándolo con vagas referencias a amenazas a la seguridad nacional. Expertos legales cuestionan el momento y los motivos, advirtiendo de un posible abuso del poder ejecutivo.
De igual manera, aprobó un toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00m para algunos cantones y parroquias del país:
Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Durán, Balao y Parroquia Tenguel, en Guayas. Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo, en Los Ríos. Joya de Los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, en Orellana. Shushufindi y Lago Agrio, en Sucumbíos.
En Guayaquil, la ciudad más grande del país y un foco de tensión política, la Fiscalía allanó las oficinas de funcionarios municipales estrechamente vinculados al alcalde Aquiles Álvarez. El operativo, enmarcado en una iniciativa anticorrupción, se realizó sin previo aviso y alimenta aún más las acusaciones de que Noboa está utilizando las instituciones estatales para intimidar a sus oponentes políticos.
La Alcaldía denuncia el allanamiento como una campaña de desprestigio diseñada para influir en la opinión pública justo antes del inicio de las elecciones. En otro hecho alarmante, Noboa restringe temporalmente la entrada de ciudadanos extranjeros a las fronteras de Ecuador, alegando amenazas de seguridad no especificadas. La medida, carente de transparencia y justificación detallada, genera críticas de organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, quienes la consideran una política xenófoba e infundada en el miedo.
Con estas dramáticas y caóticas decisiones tomadas a 48 horas de las elecciones, muchos ecuatorianos se preguntan ahora si el campo electoral sigue siendo justo o si la democracia misma está bajo asedio.