Diana Salazar comunicó el martes 20 de mayo de 2025 su decisión de dejar el cargo de fiscal general del Estado, el cual venía ejerciendo en un periodo prorrogado desde el 8 de abril del mismo año. Su renuncia se da en un contexto marcado por varios procesos judiciales importantes. Durante este tiempo, atravesó un embarazo de alto riesgo y fue objeto de intentos de juicio político impulsados por sectores del correísmo, el movimiento político más crítico de su gestión y, a la vez, uno de los más afectados por sus investigaciones.
A lo largo de su mandato, Salazar estuvo al frente de casos emblemáticos que impactaron profundamente en las estructuras del poder político, judicial y criminal del país. A continuación los casos más relevantes:
Caso Sobornos 2012-2016: Investigación por cohecho que resultó en la condena del expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios de su gobierno.
Caso FIFA Gate: Proceso por lavado de activos que llevó a la sentencia de 10 años de prisión al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga.
Caso Odebrecht: Investigación por corrupción en contratos públicos que implicó al exvicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado a prisión.
Caso Reconstrucción de Manabí: Proceso por presunto peculado y mal manejo de recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016, con implicados como Jorge Glas.
Caso Metástasis: Investigación por delincuencia organizada que involucró a funcionarios judiciales, policiales y políticos, con 31 personas procesadas.
Caso Plaga: Operativo contra la liberación irregular de presos mediante hábeas corpus, con 14 detenidos, incluidos exjueces y funcionarios judiciales.
Caso Purga: Investigación derivada de Metástasis, centrada en la manipulación del sistema judicial, con 25 personas procesadas.
Caso Las Torres: Proceso por delincuencia organizada que implicó a altos funcionarios como el excontralor Pablo Celi y exsecretarios de Presidencia.
Caso Sinohydro: Investigación por presunta corrupción en contratos con la empresa china Sinohydro, vinculando a funcionarios públicos.
Caso Nene: Proceso por presunto abuso de poder y corrupción en la administración pública, con varios funcionarios investigados.
Caso Diezmos: Investigación por concusión que implicó a exasambleístas como María Alejandra Vicuña y Karina Arteaga.
Caso Hospital de Pedernales: Proceso por desfalco en la construcción de un hospital durante la pandemia, con sentencias a exlegisladores como Daniel Mendoza.
Caso Encuentro: Investigación por corrupción en empresas públicas que involucró al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera.
Caso León de Troya: Proceso por presunta corrupción en la contratación de servicios de seguridad, con varios funcionarios investigados.
Caso INA Papers: Investigación por presunta corrupción en la adquisición de bienes en Panamá, vinculando a figuras políticas.
Caso Lesa Humanidad: Proceso por violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas sociales, con varios implicados.
Caso Fraude Procesal Freddy Carrión: Investigación por presunto fraude procesal en el caso del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión.
Caso Vacunados VIP: Proceso por tráfico de influencias y peculado en la asignación de vacunas contra el COVID-19, con el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos involucrado.
Caso Tribunal Contencioso Electoral: Investigación por presunta corrupción en el Tribunal Contencioso Electoral, con figuras como Santiago Guarderas y Jorge Yunda implicadas.
Caso Petroecuador (Danubio): Proceso por presunta corrupción en la estatal petrolera, con varios funcionarios investigados.
Caso Narcogenerales: Investigación por presuntos nexos entre altos mandos policiales y organizaciones narcotraficantes.
Caso Consulta Popular 2018: Proceso por uso indebido de recursos públicos en la campaña electoral para la consulta popular de 2018.