El gobierno del presidente argentino Javier Milei emitió el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, mediante el cual restringe el derecho a huelga en diversos sectores estratégicos, ampliando el número de actividades consideradas «esenciales». La normativa obliga a garantizar un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75% en caso de paralización laboral, dependiendo del sector afectado.
El artículo 3 del decreto establece que, en caso de conflictos colectivos que comprometan la prestación normal de los servicios esenciales o de importancia trascendental, las partes involucradas deberán asegurar niveles mínimos de operación. En concreto, los servicios esenciales no podrán operar por debajo del 75% de su capacidad habitual, mientras que los considerados de trascendencia deberán mantener, al menos, el 50%.
Esta medida representa una expansión significativa en comparación con la normativa previa, que solo incluía servicios sanitarios, hospitalarios, suministro de agua y energía eléctrica, servicios telefónicos y control aéreo. Ahora, el listado se amplía a sectores como transporte y distribución de medicamentos, telecomunicaciones (incluido internet), aeronáutica comercial, servicios aduaneros, educación en todos los niveles, y transporte marítimo y fluvial, entre otros.
Desde el gobierno, la medida ha sido presentada como una forma de garantizar la continuidad de servicios básicos y proteger a la población frente a eventuales paros sindicales. Sin embargo, diversos sectores sindicales y organizaciones de derechos laborales han manifestado su preocupación, considerando el decreto como un retroceso en las garantías constitucionales al derecho de huelga.
La resolución fue firmada por el presidente Milei junto a su gabinete, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado. Forma parte de un paquete de reformas que apunta a desregular distintos sectores económicos, incluyendo la marina mercante, y a reducir lo que el Ejecutivo califica como «estructuras estatales innecesarias».
Críticos del decreto afirman que esta normativa configura una intromisión directa en los derechos laborales consagrados en convenios internacionales y en la Constitución Nacional, al tiempo que temen una escalada de conflictos con los gremios en sectores importantes como educación y salud. Por su parte, voceros del gobierno han defendido la medida como una herramienta para garantizar el orden y el desarrollo económico del país.