El Consejo de la Judicatura anunció que priorizará 14 proyectos estratégicos con el objetivo de frenar el deterioro del sistema judicial, en medio de reclamos por la falta de presupuesto y recursos no ejecutados.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, el miércoles 10 de septiembre de 2025, la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión (PAI) 2026–2029. El plan incluye 14 proyectos, con una inversión total de USD 198 millones, destinados a renovar infraestructura, modernizar el sistema digital, ampliar servicios judiciales y reemplazar el parque automotor.
En detalle, se contemplan 10 proyectos nuevos por USD 176,6 millones y cuatro proyectos de arrastre por USD 21,3 millones.
Según el CJ, la prioridad es revertir las condiciones críticas de la Función Judicial, especialmente en materia tecnológica: el 90 % de la infraestructura informática está obsoleta y presenta fallas recurrentes.
El deterioro también afecta a los edificios judiciales, donde incluso las sedes consideradas “buenas” presentan fallas estructurales latentes. Respecto al parque automotor, la mayoría de los vehículos ha superado su vida útil, encareciendo el mantenimiento y limitando la movilidad operativa, según informó la entidad.
Un plan en medio de tensiones presupuestarias
La aprobación del PAI 2026–2029 ocurre en un contexto de estrechez financiera en la justicia ecuatoriana.
La Judicatura ha denunciado asignaciones presupuestarias insuficientes desde 2020, generando un déficit acumulado de USD 205,5 millones.
Sin embargo, datos del Ministerio de Finanzas indican que en el mismo período el CJ dejó sin ejecutar USD 39,6 millones de su presupuesto, evidenciando problemas de planificación y gestión del gasto.
En julio de 2025, el Pleno del CJ ya había aprobado la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028. En esa ocasión, el organismo advirtió que más del 93 % de su presupuesto se destina a salarios y que no existe margen para cubrir otras necesidades urgentes, como la contratación de 758 nuevos jueces que aún hacen falta en el país.
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