Al igual que el Gobierno, varios gremios del sector productivo han manifestado su desacuerdo con la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre las inversiones en el sector eléctrico de Ecuador. La Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Comercio de Quito y otras organizaciones empresariales expresaron su preocupación y rechazo, señalando que la decisión limita la posibilidad de concesionar servicios de energía eléctrica a la empresa privada, lo que consideran un obstáculo para el desarrollo del país.
La Corte, por su parte, aclaró que la mayoría de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica se mantienen vigentes y que únicamente se declaró inconstitucional una causal que permitía delegar actividades al sector privado bajo el criterio de satisfacer el interés público, colectivo o general. Sin embargo, los gremios sostienen que esta restricción reduce la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades energéticas nacionales.
La Cámara de Comercio de Quito advirtió que la resolución genera trabas en un momento en que Ecuador requiere soluciones estructurales para garantizar sostenibilidad y eficiencia en el suministro eléctrico. Su presidenta, Mónica Heller, afirmó que la decisión “no ayuda al país” y frena los cambios que se necesitan para enfrentar los desafíos energéticos. En la misma línea, el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño destacó la importancia de un entorno que incentive la inversión privada y fomente la cooperación público-privada, como condición para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad.
La Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana calificó el fallo como un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico y criticó la interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad, lo que a su juicio limita la capacidad del Ejecutivo para reaccionar ante urgencias nacionales. La Cámara de Industrias y Producción coincidió en que la medida es grave para el país, pues pone en riesgo el suministro eléctrico y la competitividad, especialmente ante la posibilidad de que regresen los apagones.
La Asociación de Exportadores de Plátano también alertó sobre el impacto negativo en la producción y las exportaciones. Según este gremio, la decisión debilita la inversión privada en el sector eléctrico y afecta la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guayaquil señaló que la sentencia disminuye la claridad normativa necesaria para la participación privada en el sector energético, aunque no la prohíbe. En ese sentido, propuso reformar la Ley de Electricidad para definir con precisión los criterios de excepcionalidad, además de impulsar una enmienda constitucional a través de la Asamblea Nacional y avanzar con los proyectos permitidos por la normativa vigente.
Finalmente, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones recogió las preocupaciones de los gremios y subrayó que Ecuador necesita instituciones responsables y diligentes frente a las urgencias de la sociedad.