El escenario político legislativo suma un nuevo proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización avanza de manera formal en la sustanciación del trámite de juicio político en contra de Inés Manzano, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
El proceso cobró fuerza tras la calificación unánime de las pruebas de cargo presentadas por los legisladores interpelantes, quienes fundamentan la acusación en supuestos incumplimientos de funciones, graves omisiones institucionales y presuntas irregularidades administrativas.
El núcleo de la interpelación se concentra de manera prioritaria en la gestión y supervisión del manejo ambiental vinculado a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil. Los asambleístas proponentes sostienen que existió una notable falta de control, desatención a denuncias ciudadanas previas y retrasos injustificados en la emisión de dictámenes técnicos obligatorios por parte de la cartera de Estado que lidera Manzano.
Según el expediente calificado por la mesa legislativa, estas omisiones habrían propiciado un escenario de vulnerabilidad ambiental y permisividad regulatoria frente a los operadores de transporte en el puerto principal.
Por su parte, la ministra Manzano ha rechazado de forma categórica los señalamientos, calificando el proceso interpelatorio como una acción con tintes políticos que carece de sustento técnico-jurídico real.
La funcionaria ha manifestado su total disposición para comparecer ante la comisión y presentar las respectivas pruebas de descargo, asegurando que las competencias del ministerio se han ejecutado con estricto apego a la normativa ambiental vigente y que los retrasos señalados corresponden a cuellos de botella administrativos heredados.
Con la fase de actuación de pruebas formalmente inaugurada, la Comisión de Fiscalización abrirá un cronograma de comparecencias que se extenderá durante las próximas semanas.
En este período, tanto los asambleístas acusadores como la defensa de la ministra deberán exponer sus argumentos ante la mesa de fiscalización, instancia que posteriormente tendrá la responsabilidad de elaborar el informe final que recomiende o archive el archivo del caso antes de pasar al debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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