A pesar de las advertencias de organizaciones ambientales, gremios pesqueros y sectores de la oposición, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora oficialista Camila León, aprobó el 29 de junio de 2026 un informe no vinculante sobre las objeciones parciales del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero. El documento será conocido y debatido por el Pleno este martes 14 de julio de 2026.
El informe incorporó la mayor parte de las observaciones planteadas por el Gobierno y dejó sin modificaciones varios de los puntos que habían generado cuestionamientos desde la aprobación de la ley, el pasado 21 de mayo de 2026. Para legisladores de oposición y distintos colectivos, el texto mantiene disposiciones que podrían favorecer actividades extractivas y reforzar un esquema de gestión centralizada sobre las zonas marino-costeras.
Persisten las inquietudes sobre minería submarina
Uno de los aspectos más debatidos corresponde al artículo 6, numeral 8, que autoriza la exploración y el aprovechamiento de los llamados «recursos no vivos». Especialistas han advertido que esta redacción podría abrir la puerta a actividades como la minería submarina y la extracción de arena en zonas costeras.
En su informe, la Comisión respaldó la propuesta del Ejecutivo de eliminar el término «extracción» y conservar únicamente la expresión «aprovechamiento sostenible». Aunque el organismo sostiene que se trata de un ajuste de técnica legislativa, organizaciones de la sociedad civil consideran que, al no incluir una prohibición expresa de la minería submarina —como había sugerido anteriormente el Ministerio del Ambiente—, persisten los riesgos de intervención en ecosistemas marinos vulnerables.
Consejo del Mar mantiene su estructura
Otro de los puntos observados es la composición y alcance del Consejo Interinstitucional del Mar. Desde el debate inicial de la normativa se cuestionó que este organismo concentre la toma de decisiones bajo la coordinación de un delegado del Presidente de la República.
El informe de la Comisión ratificó esa estructura y respaldó que el Consejo ejerza la rectoría para emitir políticas públicas en materia marino-costera. Con ello, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) continúan participando como miembros complementarios, con derecho a voz, pero sin voto, una disposición que ha sido rechazada por varios gobiernos locales.
Debate sobre el principio precautorio
El artículo 17, relacionado con la protección de áreas sensibles frente a proyectos de alto impacto ambiental, también se mantuvo sin cambios de fondo. La Comisión acogió la redacción propuesta por el Ejecutivo, según la cual las medidas de protección se aplicarán cuando exista riesgo de un «daño grave o irreversible».
Colectivos ambientales sostienen que esta formulación limita el alcance del principio precautorio previsto en la Constitución, ya que condiciona la adopción de medidas preventivas a la magnitud del daño potencial. A su criterio, esta disposición podría permitir que determinadas actividades continúen desarrollándose mientras no sean consideradas generadoras de impactos graves, lo que trasladaría el énfasis desde la prevención hacia la gestión de los efectos una vez producidos.