Este lunes 13 de julio, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) alertó que la exministra de Energía, Inés Manzano, evitaría su comparecencia personal ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización, pero sí lo haría a través de su equipo abogados.
El proceso de control político contra Manzano se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para la provisión de energía eléctrica.
Ante ello, los legisladores Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna impulsaron una solicitud de juicio político contra la exfuncionaria, el cual fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 24 de junio de 2026.
La RC mencionó que Manzano “debe dar la cara al país” por ser ella quien tomó las decisiones durante su gestión en el gobierno de Daniel Noboa. “La fiscalización no se responde escondiéndose detrás de abogados; los ecuatorianos merecen escuchar a quien tomó las decisiones”, señaló la RC.
Por ello, instó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, que garantice la presencia física de la exministra en dicha mesa legislativa.
El sustento legal de esta exigencia radica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual establece explícitamente que el funcionario cuestionado debe ejercer personalmente su defensa y presentar sus pruebas de descargo.
La asambleísta de la RC, Ana Belén Yela, mencionó que la intención de la exministra Manzano es que sus abogados vengan y la defiendan en ausencia y ella no presentarse.
“Ella es la funcionaria cuestionada, quien estaba en el cargo, la que tomó las decisiones, ella es sobre quien pesa la responsabilidad de esas decisiones (…) Ella tiene que presentarse al juicio político”, subrayó.
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