Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de dos procesos de fiscalización sobre el caso de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y del colapso del dique permeable en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo.
Sobre el primer proceso de fiscalización, se refiere al laudo arbitral emitido el 3 de abril de 2026 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, así como de las actuaciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas derivadas del acuerdo transaccional suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Sinohydro Corporation Limited, que dio lugar al traspaso de la administración, operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair a la empresa Power China.
Dicho proceso buscará verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección de los intereses del Estado, la adecuada gestión de este sector estratégico, así como la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público de energía eléctrica.
Para ello, la Comisión de Desarrollo Económico solicitará información técnica, jurídica, administrativa, financiera y contractual, y convocará a comparecer a autoridades, exautoridades y funcionarios de Celec EP, el Ministerio de Energía, la Contraloría General del Estado y otras instituciones involucradas.
Para el legislador Carlos Dávila, Coca Codo Sinclair constituye una infraestructura estratégica para la seguridad energética y el desarrollo productivo del país, por lo que, dijo, el control político debe anticiparse a los hechos para garantizar transparencia, verificar el cumplimiento de los procedimientos y acompañar el análisis de la propuesta que será presentada a Celec EP.
El objetivo, manifestó Dávila, es fortalecer el sector eléctrico y evitar que se repitan situaciones que, a su criterio, han afectado al sistema energético nacional.
Respecto al dique permeable, el proceso de fiscalización corresponderá sobre los estudios, diseño, contratación, ejecución, supervisión, operación y demás actuaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas relacionadas con dicha obra, que colapsó el 21 de mayo de 2026.
La investigación buscará determinar el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta utilización de los recursos públicos, la observancia de los parámetros técnicos y las acciones adoptadas por las instituciones competentes antes y después del colapso.
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