La administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, atraviesa un escenario de creciente presión política debido a una serie de acciones impulsadas por el Gobierno Nacional y la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que han centrado su fiscalización en la gestión del Municipio capitalino a pocos meses de las elecciones seccionales de 2026.
En las últimas semanas, el Municipio ha sido objeto de denuncias, resoluciones legislativas y cuestionamientos públicos relacionados con temas como el subsidio al transporte, la tasa de recolección de basura, el catastro municipal y los sistemas de videovigilancia.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 24 de junio de 2026, cuando la Asamblea Nacional aprobó, con el respaldo de 77 legisladores, una moción presentada por la asambleísta Jhajaira Urresta para fiscalizar el uso de USD 23 millones destinados al subsidio del transporte público y revisar el avance de obras de infraestructura en Quito.
Durante el debate, Urresta cuestionó la gestión del alcalde y vinculó el tema de la movilidad con la muerte de un bebé de cuatro meses en el sector de Caupicho, hecho que atribuyó a la presunta imprudencia de un conductor. La legisladora también acusó a la administración municipal y a concejales de impedir el tratamiento del tema en el Concejo Metropolitano y emitió fuertes críticas contra el Cabildo.
Desde el Municipio y sectores de oposición se recuerda que el subsidio al transporte fue implementado tras la eliminación del subsidio a los combustibles dispuesta por el Gobierno Nacional, medida que obligó al cabildo a adoptar mecanismos para evitar un incremento en el costo del pasaje.
Otro de los puntos de controversia es la Tasa de Recolección de Basura. En octubre de 2025, el Ejecutivo dejó de recaudar este valor mediante las planillas de energía eléctrica, lo que llevó al Municipio a trasladar el cobro a la factura de agua potable para garantizar los recursos destinados al servicio de limpieza. Esta modificación provocó un aumento en el valor de la tasa para parte de los usuarios, situación que posteriormente fue objeto de una resolución aprobada por la Asamblea, en la que se exhorta a los municipios a revisar sus mecanismos de cálculo.
A este escenario se suma la denuncia presentada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) ante la Fiscalía General del Estado por una presunta alteración de la base de datos catastral del Municipio de Quito. Según la entidad, durante una inspección se detectaron modificaciones que, presuntamente, buscaban aparentar el cumplimiento de obligaciones técnicas relacionadas con la actualización de la información catastral.
La SOT informó que la denuncia contempla posibles delitos como falsificación informática y alteración de evidencias, además de una sanción administrativa por presuntos incumplimientos en la implementación del sistema Sigcal y en la codificación de claves catastrales.
En materia de seguridad también surgieron nuevos cuestionamientos. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea que exfuncionarios de la desaparecida Senain tendrían participación en el manejo de sistemas de videovigilancia del Municipio mediante supuestas «salas espejo», las cuales, según indicó, podrían utilizarse para alertar sobre operativos policiales.
El Municipio rechazó estas afirmaciones y aseguró que las 632 cámaras de videovigilancia municipales son administradas exclusivamente por el ECU 911, entidad adscrita al Gobierno Nacional. Asimismo, indicó que estos equipos operan desde la Sala del COE Metropolitano y recordó que su Plan Metropolitano de Seguridad fue elaborado con la participación de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
La administración municipal también destacó la inversión de USD 12,8 millones destinada al fortalecimiento de la seguridad, mediante la entrega de patrulleros, motocicletas y la rehabilitación de Unidades de Policía Comunitaria.