**ADN intensifica la fiscalización a gobiernos locales en la antesala de las elecciones seccionales**
Con la proximidad de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha reforzado los procesos de fiscalización desde la Asamblea Nacional hacia varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), especialmente aquellos administrados por autoridades vinculadas a la oposición. Las investigaciones se desarrollan principalmente en comisiones legislativas donde el oficialismo mantiene mayoría.
Uno de los principales ejes de análisis corresponde a los sistemas de videovigilancia implementados por los municipios de Quito y Guayaquil. Desde la Comisión de Seguridad se revisan presuntas irregularidades relacionadas con el uso de esta infraestructura tecnológica y el posible incumplimiento de protocolos de seguridad.
En Guayaquil, la investigación se enfoca en la empresa pública Segura EP. El ministro del Interior, John Reimberg, denunció ante la comisión la supuesta existencia de una «sala espejo» que habría permitido realizar actividades de vigilancia fuera de los mecanismos oficiales.
Frente a estas acusaciones, el expresidente de Segura EP, Fernando Cornejo, compareció el 8 de julio de 2026 ante la Asamblea para negar la existencia de una red de espionaje. Explicó que las conexiones del sistema se mantienen desde 2006 y aseguró que el ECU-911, como entidad responsable de la coordinación del sistema, nunca reportó irregularidades en su funcionamiento.
Cornejo también señaló que la investigación abierta por la Fiscalía corresponde a un presunto delito de asociación ilícita y no a espionaje. Durante su intervención se registraron momentos de tensión debido a que la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón (ADN), limitó algunas de sus respuestas a contestaciones de «sí» o «no», lo que fue cuestionado por legisladores de la oposición.
En Quito, la fiscalización se dirige a la presunta contratación de exfuncionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para la administración del sistema de cámaras de seguridad municipal. El ministro Reimberg afirmó que personas vinculadas a ese organismo habrían participado en la instalación y operación de estos equipos.
La asambleísta Inés Alarcón defendió la investigación al señalar que los sistemas de videovigilancia deben utilizarse exclusivamente para garantizar la seguridad ciudadana y no para realizar actividades de vigilancia indebida. En contraste, el bloque de la Revolución Ciudadana calificó el proceso como una estrategia de persecución política dirigida contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
Otro frente de fiscalización se desarrolla en la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde se investiga el incremento patrimonial de alcaldes y prefectos con el propósito de determinar si existen aumentos injustificados en sus bienes.
La comisión, presidida por la legisladora oficialista Lucía Pozo, impulsa este análisis a partir de una iniciativa del asambleísta Fernando Jaramillo, quien planteó que las investigaciones se concentren en autoridades que ya mantienen procesos en la Fiscalía.
Entre los casos revisados figuran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro y enfrenta tres procesos penales, incluido el denominado caso Goleada, así como el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, quien también cumple prisión preventiva dentro del caso Blindaje.
Desde ADN, el asambleísta Andrés Castillo sostiene que la Asamblea tiene facultades constitucionales para fiscalizar a los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y concejales. Sin embargo, legisladores de la Revolución Ciudadana consideran que estas acciones buscan afectar políticamente a autoridades opositoras de cara a las elecciones seccionales.
No obstante, el marco legal establece que la Asamblea Nacional no tiene competencia para remover alcaldes ni ejercer control político directo sobre los gobiernos municipales. De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la facultad para conocer y resolver procesos de remoción corresponde exclusivamente a los concejos municipales, siempre que se configuren las causales previstas en la ley y exista el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes.
Asimismo, la existencia de investigaciones penales o medidas cautelares, como la prisión preventiva, no implica automáticamente la pérdida del cargo, ya que los municipios continúan funcionando bajo los mecanismos de subrogación establecidos en la normativa.
En este contexto, los procesos de fiscalización impulsados por la Asamblea tienen un alcance principalmente político, ya que los informes emitidos por las comisiones legislativas son de carácter exhortativo y no generan efectos jurídicos vinculantes. Si durante las investigaciones se detectan posibles irregularidades, la información debe ser remitida a la Fiscalía General del Estado o a la Contraloría General del Estado, entidades competentes para establecer responsabilidades penales o administrativas.