La dirigencia de la Revolución Ciudadana (RC) cuestionó este 22 de julio de 2026 las dificultades para inscribir a sus principales precandidatos en otras organizaciones políticas, luego de la suspensión del movimiento Amigo, que hasta ahora funcionaba como su alternativa electoral para las elecciones seccionales de noviembre.
La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, informó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la precandidata a la Prefectura de Manabí, Luisa González, presentaron sus renuncias a las precandidaturas registradas en Amigo con el objetivo de postular por otros movimientos. Sin embargo, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha procesado esos trámites.
Según Rivadeneira, esta situación mantiene a los aspirantes en un «limbo» jurídico, ya que, mientras las renuncias no sean registradas, no pueden concretar nuevas postulaciones. Sostuvo que esta restricción no está contemplada ni en la Constitución ni en el Código de la Democracia.
La dirigente también cuestionó que se suspendan organizaciones políticas mientras el calendario electoral ya se encuentra en desarrollo. En el caso del movimiento Amigo, indicó que la sanción de nueve meses se sustentó en un informe reservado de la Fiscalía, un mecanismo que, según afirmó, ya fue utilizado anteriormente contra la Revolución Ciudadana.
Durante una entrevista con Ecuavisa, Rivadeneira sostuvo que estas decisiones responden a una estrategia política y aseguró que el Gobierno busca influir en la conformación de las candidaturas para los próximos comicios. Además, vinculó esta situación con los procesos judiciales que enfrentan autoridades locales como Aquiles Alvarez y Vicko Villacís.
Frente a las comparaciones con medidas adoptadas durante anteriores administraciones, Rivadeneira rechazó que exista similitud y argumentó que, en el pasado, la pérdida de personería jurídica de las organizaciones políticas respondía a lo establecido en la normativa electoral.
Finalmente, informó que la Revolución Ciudadana actualizó sus denuncias ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se estaría vulnerando el derecho a la participación política y a la libre elección de candidatos.