Con la mirada puesta en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó los requisitos técnicos y legales que deberán cumplir los ciudadanos que aspiren a cargos de elección popular, como prefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales.
El período de inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto, y durante el Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, realizado el 23 de julio de 2026, el organismo electoral explicó las disposiciones contempladas en el reglamento para este proceso.
Requisitos para postular
Entre las condiciones principales, los aspirantes deberán tener al menos 18 años al momento de la inscripción. Además, el nombre registrado no podrá superar los 30 caracteres y estará prohibido el uso de apodos, seudónimos, sobrenombres o iniciales en la papeleta electoral.
Las organizaciones políticas deberán presentar de forma digital la fotografía del candidato (sin accesorios, salvo vestimenta tradicional), copia de la cédula, hoja de vida, plan de trabajo y una declaración juramentada única. Asimismo, los formularios de inscripción deberán contener únicamente firmas electrónicas o manuscritas, sin combinar ambos formatos.
Otro requisito es demostrar el vínculo con la jurisdicción por la que se postula. Este podrá acreditarse por nacimiento, según la información de la cédula de identidad, o por residencia, siempre que el aspirante conste en el último registro electoral correspondiente a la consulta popular de 2025 y declare el tiempo de permanencia en esa localidad.
Además, las candidaturas deberán provenir de procesos de democracia interna previamente validados por el CNE. Las listas tendrán que cumplir con los criterios de paridad, encabezadas en un 50 % por mujeres, e incluir un 25 % de jóvenes de entre 18 y 29 años. El incumplimiento de estas disposiciones impedirá la inscripción de la candidatura.
Prohibiciones e inhabilidades
El reglamento también establece 16 causales que impiden participar en el proceso electoral. Entre ellas constan mantener contratos vigentes con el Estado, registrar sentencias ejecutoriadas por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o delincuencia organizada, adeudar pensiones alimenticias o cumplir una pena privativa de libertad.
También quedan inhabilitados los integrantes en servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, funcionarios de la Función Electoral y Judicial o del servicio exterior que no hayan renunciado dentro de los plazos establecidos, así como servidores públicos de libre nombramiento o de período fijo que no presenten su renuncia antes de la inscripción.
La normativa también impide postular a quienes mantengan bienes en paraísos fiscales, tengan interdicción judicial vigente, registren doble afiliación política sin haber renunciado con la anticipación requerida o no hayan sido seleccionados mediante elecciones primarias y aceptado formalmente su candidatura.
Las Juntas Provinciales Electorales serán las responsables de verificar que cada expediente cumpla con todos los requisitos legales antes de aprobar las postulaciones.
Observaciones de las organizaciones políticas
Durante el Consejo Consultivo, representantes de varias organizaciones políticas expresaron inquietudes sobre el funcionamiento del sistema informático de inscripción.
El delegado de CREO, Juan Fernando Flores, cuestionó que la plataforma obligue a registrar las candidaturas alternando hombre y mujer desde el inicio del proceso, al considerar que esa exigencia no está contemplada expresamente en la ley.
Por su parte, Javier Orti, del partido Avanza, solicitó que el sistema permita cargar las listas sin un orden predeterminado y que el cumplimiento de las cuotas de género y de participación juvenil sea verificado únicamente al cierre del período de inscripciones, el 17 de agosto. También pidió que el CNE confirme la validez de las declaraciones juramentadas colectivas, argumentando que su emisión individual representa un costo elevado para algunos candidatos.
En tanto, Gustavo Larrea, del Movimiento Futuro, manifestó su preocupación sobre el tratamiento de las alianzas políticas, al señalar que el sistema podría no reconocer correctamente el cumplimiento de las cuotas de género y juventud cuando estas se distribuyen entre organizaciones aliadas.