La Asamblea Nacional resolvió este viernes 31 de julio de 2026 archivar el juicio político planteado contra la exministra de Energía, Inés Manzano. La moción, impulsada por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, obtuvo 81 votos a favor y 58 en contra, tras concluir que no se logró demostrar un incumplimiento de funciones que justificara el proceso.
Comisión concluyó que no existían pruebas suficientes
El juicio político fue promovido por legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), quienes señalaron a Manzano por presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos con la empresa Austral Technical Management (ATM).
No obstante, el informe de la Comisión de Fiscalización, que posteriormente fue respaldado por el Pleno, determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer una responsabilidad política de la exfuncionaria.
Entre los principales argumentos expuestos para recomendar el archivo constan que una parte importante de las evidencias se sustentaba en publicaciones de redes sociales y notas de prensa sin peritajes que acreditaran su autenticidad. Además, se indicó que el desembolso del 60 % del contrato con ATM se realizó antes de que el encargo ministerial de Manzano fuera formalmente registrado.
Asimismo, la Comisión señaló que varios testigos solicitados por la parte acusadora, entre ellos el exministro Roberto Luque, no comparecieron durante el proceso.
Debate con posturas enfrentadas
Durante la sesión, el asambleísta Luigi García (ADN) defendió el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización y sostuvo que el trámite se desarrolló de manera pública y transparente. Afirmó que, tras revisar la documentación y los testimonios, no se encontró una relación que permitiera atribuir responsabilidad política a la exministra.
En la misma línea, el legislador aliado José Nango reconoció que durante la crisis eléctrica de 2024 existieron irregularidades en la contratación con la empresa ATM. Sin embargo, señaló que los interpelantes no lograron demostrar la participación directa de Manzano en esos hechos, por lo que presentó la moción para archivar el juicio.
Desde la oposición, el asambleísta Lenin Barreto (RC) rechazó los argumentos del oficialismo y cuestionó que se descarte la responsabilidad política únicamente porque la firma de la exministra no conste en los contratos. Además, calificó la contratación de los generadores como un proceso irregular y criticó la falta de acciones de las autoridades pese a las alertas existentes.
Por su parte, el legislador Alfredo Serrano (PSC) también se pronunció en contra del archivo. Aseguró que Manzano conocía las advertencias sobre el proceso de contratación y, aun así, permitió que continuara. Durante su intervención manifestó que aprobar el archivo significaría desconocer una posible responsabilidad política y concluyó que hacerlo sería actuar en contra de su conciencia.
Antes de la votación, Barreto también expresó dudas sobre la independencia de algunos legisladores no alineados con las bancadas mayoritarias. Mientras tanto, el asambleísta independiente Juan Gonzaga sostuvo que el país requería mayor transparencia y un análisis más profundo de los contratos suscritos durante la emergencia eléctrica.
Finalmente, la postura del oficialismo se impuso con 81 votos a favor del archivo, frente a los 58 legisladores que respaldaban la continuidad del juicio político contra la exministra Inés Manzano.