Este lunes 09 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó, con 85 votos, el proyecto de Ley Antimafias, de iniciativa de la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y sustentado en el informe aprobado por la Comisión de Seguridad Integral.
La normativa introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para investigar, perseguir y sancionar a las estructuras criminales, así como afectar sus fuentes de financiamiento.
Mancheno destacó que la ley constituye una herramienta para combatir integralmente al crimen organizado, fortalecer la respuesta del Estado y devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas.
“Vivir tranquilos no debería ser un privilegio”, expresó al referirse a la necesidad de proteger a la ciudadanía frente a las amenazas, extorsiones y desplazamientos provocados por las mafias.
Entre los principales cambios consta la creación del delito de pertenencia funcional a organizaciones delictivas, que contempla penas de 13 a 16 años de prisión y que podrían aumentar de 22 a 26 años cuando las estructuras estén vinculadas con delitos como sicariato o terrorismo.
También incorpora sanciones de hasta 22 años por pertenencia a organizaciones criminales y la posibilidad de elevar de 40 a 60 años el límite de acumulación de penas cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes.
Además, incorpora nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas.
En materia de hidrocarburos, endurece las sanciones por almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal de petróleo, combustibles y sus derivados, así como por su sustracción y extracción clandestina. También establece agravantes cuando estas actividades financien organizaciones criminales, afecten infraestructura o el ambiente, o pongan en riesgo la vida de las personas.
También, se establecen mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada; la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos, mediante sentencia ejecutoriada; y el fortalecimiento de la recuperación, custodia, conservación y administración de bienes ilícitos, incluida su venta anticipada con autorización judicial y su asignación provisional para fines sociales.
Para el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, el incremento de penas contemplado en la Ley Antimafias no terminará con la delincuencia, ya que, dijo, las sanciones más severas pueden ayudar a contenerla, pero no representan una solución definitiva.
Serrano diferenció la delincuencia organizada de la delincuencia común y afirmó que esta última afecta directamente a la ciudadanía mediante delitos como secuestro exprés, robos y extorsiones.
Mientras que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, cuestionó el proyecto de Ley Antimafias y lo calificó como una normativa que se ha concentrado únicamente en endurecer las penas, sin una justificación técnica.
Noriega señaló que desde 2018 se han aprobado al menos siete reformas al COIP, sin que, según su criterio, estas hayan contribuido a reducir los delitos ni a combatir eficazmente el crimen organizado.
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