En estos días se oficializará el traspaso de bienes a Inmobiliar y la recepción de lo que queda a cargo del Cordicom. Las autoridades preparan un acto simbólico del cierre de la Superintendencia.
A la Superintendencia de Comunicación (Supercom) le quedan pocos días de vida. Su cierre se dispuso hace seis meses y tres días de publicadas en el Registro Oficial las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). En ocho días estará terminado el proceso y esta instancia, creada en junio de 2013 por el Gobierno anterior, desaparecerá de la estructura del Estado.
A la fecha, las siete intendencias zonales que operaban a nivel nacional están cerradas, de modo que no existen oficinas en territorio. Pero en la sede matriz de Quito todavía quedan 48 funcionarios que trabajarán hasta el 31 de este mes de julio de 2019.
“Para el primero de agosto de 2019 la vida jurídica de la Supercom se habrá extinguido”, afirmó Juan Bernard Gambarrotti, encargado del proceso de liquidación de este organismo. Destacó que el plan de liquidación tenía 180 días para el cierre de esta dependencia y se ha logrado hacerlo en menor tiempo, es decir, en 20 días menos (la fecha tope es el 20 de agosto de 2019).
Las tres etapas del plan: evaluación del personal, el cierre de las siete zonales y el traspaso de todos los bienes al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), se han cumplido. Según dijo el funcionario, solo resta el traspaso del edificio y del equipo de monitoreo al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).
Además, la entrega de algunos expedientes y archivos documentales a Archivo Nacional. Esto se concretará en esta semana. Sobre el personal, se ha cumplido con el proceso de desvinculación. En la oficina central, la mayoría de puestos de trabajo luce vacía.
Gambarrotti explicó que para el proceso de cierre y liquidación del organismo se destinaron alrededor de $ 480.000, que fueron entregados por el Ministerio de Finanzas. Con estos rubros se cubrieron los gastos de movilización de archivos, de bienes, sueldos, arriendos y liquidaciones de exfuncionarios.
Hernán, quien prefirió mantener su apellido en reserva, dijo que él es uno de los pocos funcionarios a contrato que queda. Estará hasta entregar equipos que están a su cargo a los nuevos responsables del Cordicom. “Ha sido un proceso tranquilo y muy ordenado, se pagó lo que debía a quienes han ido saliendo.
No habido inconvenientes”, señaló. Cuando se aprobaron las reformas a la LOC se incluyó una transitoria para cerrar los procesos administrativos sancionadores que reposaban en Superintendencia. Según Gambarrotti, existían 139 causas y de ellas 88 estaban en juicios de coactiva (cobro).
“Estos casos están respaldados por la transitoria, que estipuló que en todas las acciones impuestas que no se haya cancelado total o parcialmente se extingue la deuda”, manifestó. De acuerdo con la Contraloría General del Estado, el monto de las multas condonadas ascendería a $ 631.000.
El liquidador recordó que ya no se efectúa el monitoreo de medios en el sistema Videoma, que era el programa a través del cual se controlaba y sancionaba a los medios de comunicación. Este equipo de monitoreo o Videoma, cuyo valor es de $ 1.6 millones, pasará al Cordicom. Debido a su estructura y dificultad para volver armarlo en otro sitio, se quedará en el edificio de la Supercom, en el cual funcionará el Consejo.
“No acogemos ninguna de las funciones de la Supercom, solo haremos un monitoreo de medios, no para sancionar”, manifestó Galo Cevallos, presidente del Cordicom.
Explicó que la diferencia será que el registro servirá para identificar el consumo de contenidos de la ciudadanía y no para sancionar a los medios.
Fuente: El Telégrafo