Pese a que por varias horas se difundió que Daniel Salcedo Bonilla cumplirá arresto domiciliario por disposición del Tribunal Penal de Guayaquil, a cargo del proceso de delincuencia organizada que se sigue en su contra. Finalmente esto fue desmentido por la Fiscalía.
El cambio de medidas fue anunciado por el abogado de Salcedo, Joan Paúl Egred, quien refirió que se esperaba que Salcedo deje la Cárcel 4, en el norte de Quito, esta semana para cumplir en su casa, en Guayaquil.
“Es conocido por toda la ciudadanía las graves falencias que existen actualmente en el sistema penitenciario. Y en ese caso en particular es necesario que se revea esta medida precisamente por eso. Sobre el señor Salcedo pesan en este momento medidas cautelares de prisión preventiva y una sentencia en firme definitiva y, por lo tanto, nuestro criterio era que operaba definitivamente la sustitución de esta medida cautelar por un arresto domiciliario”, expuso Egred.
Salcedo es procesado por peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Por esa causa un Tribunal de Garantías Penales le dictaminó, en primera instancia, 13 años de privación de libertad.
La Fiscalía dio a conocer que durante la audiencia de reinstalación no se otorgó cambio de medidas y que hasta el Tribunal Penal emitió un llamado de atención a la defensa de Salcedo por la información difundida.
Por el delito de fraude procesal, que se derivó del accidente de una avioneta en la zona fronteriza de Tumbes (Perú), en diciembre del año pasado, un Tribunal de Garantías Penales, en Guayaquil, dispuso una pena de cuatro años para Salcedo.
Mientras, por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel fue sentenciado a tres años de prisión y al pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados ($ 1.600).
En el caso de delincuencia organizada, Salcedo es investigado por integrar una supuesta red que se dedicaba a la venta irregular de medicinas a hospitales públicos.
En noviembre del año pasado, Daniel y su hermano Noé Salcedo fueron llamados a juicio como presuntos autores del delito de lavado de activos por tener, según el dictamen fiscal acusatorio, dinero de procedencia ilícita, transferirlos al sistema financiero y adquirir bienes dentro y fuera del país con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos.
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