Durante la madrugada de este miércoles 3 de abril de 2024, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional llevaron a cabo operativos de allanamiento simultáneos en ocho provincias. Entre los detenidos por presunta participación en delincuencia organizada se encuentran jueces, agentes policiales en servicio activo y abogados en ejercicio independiente.
Según la Fiscalía, los presuntos involucrados habrían otorgado acciones constitucionales a favor de «personas con alto nivel de peligrosidad» para otorgarles la libertad. Los operativos se realizaron en Pichincha. Manabí, Azuay, Santo Domingo, Chimborazo, Guayas, El Oro y Tungurahua.
La Fiscalía explicó que esta estructura de delincuencia organizada operaba en diferentes niveles y estaría conformada por policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados, secretarios y jueces. Estos últimos habrían recibido dinero o favores a cambio de dar la libertad a los presos de forma ilegal.
Como delitos afines a la delincuencia organizada, dice Fiscalía, se pueden desprender otros como: cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión.
La fiscal General, Diana Salazar se pronunció tras los allanamientos. En su cuenta de X escribió: «abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plag a en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar».
En Pichincha se ejecutaron órdenes de detención contra José T. Ch., abogado en libre ejercicio. Se allanó su domicilio en el sector de Calderón.
En esta misma provincia se ejecutó un operativo al interior de la Cárcel 4 de Quito. En ese centro se levantaron indicios y se notificó a Lenin V. (ya procesado en otra causa) con un nueva orden de detención.
En Santo Domingo de los Tsáchilas se detuvo al ex juez Ángel L., quién ya es procesado en el caso Metástasis. Entre los indicios se encontró un teléfono celular.
Mientras que en Azuay se detuvo Omar J., abogado y exfuncionario del Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Entre los indicios se levantaron 1 celular, 2 computadores y documentación relacionada con beneficios penitenciarios.
En Chimborazo se allanó un inmueble en la ciudad de Riobamba y se detuvo a Hugo L. Se levantan indicios, entre los que se incluyen: documentación, una laptop y un dispositivo móvil.
En tanto en Guayas, en los exteriores del Centro de Privación de Libertad N° 8 se detuvo al policía en servicio activo Marco C.
Cuatro personas más fueron detenidas en Manabí. Se trata de los jueces de primer nivel Byron O., del cantón Flavio Alfaro y Joffre R., de Chone; Gary Fabricio P., secretario de juzgado y unidades judiciales de Portoviejo, y del exjuez, Simón G.
Además, José Alfredo M. B., exfuncionario del SNAI, fue detenido en Ambato, en la provincia de Tungurahua. En su poder se encontró un dispositivo móvil y se incautó un vehículo.
También se ejecutaron varios allanamientos en diferentes cantones de la provincia de El Oro. Allí se detuvo a: María José L., funcionaria del cantón Pasaje; y al juez Franklin T. De este último se allanó su oficina en Machala y su domicilio en Cuenca.