El primer pedido de juicio político, presentado en noviembre de 2023, está actualmente en proceso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Paralelamente, el 14 de mayo se hizo público el conocimiento de una segunda solicitud de juicio político.
Durante su último año como fiscal general del Estado, Diana Salazar ha acumulado 15 causales que podrían llevarla a enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional.
Actualmente, existen dos solicitudes de juicio político en su contra. El primero ya está en la agenda de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, mientras que el segundo pedido fue presentado recientemente.
Gissela Garzón (RC), quien presentó 12 causales en noviembre de 2023 para que Diana Salazar sea sometida a juicio político, sería la encargada de la segunda solicitud. Esta iniciativa se fundamenta en un supuesto incumplimiento de funciones, respaldado por la presentación de 12 casos como pruebas.
Según Aguirre, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), la primera solicitud de juicio contra Salazar arrancaría el próximo 22 de mayo. A partir de esa fecha, habría un tiempo de 15 días para que se presenten las pruebas de cargo y de descargo.
Causales planteadas por Garzón:
- Caso León de Troya.- Existiría una omisión en investigar a los miembros de la Policía Nacional, involucrados en el archivo de este caso. Además, se dejó fuera de la investigación al expresidente Guillermo Lasso.
- Caso Encuentro.- Para la Revolución Ciudadana, la Fiscalía no solicitó al juzgador medidas que aseguren la comparecencia al proceso judicial de Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Argumentan que se omitió la prohibición de salida del país, utilización del grillete electrónico y presentación periódica.
- Incumplimiento del artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el caso INA Papers o Sinohydro. La normativa exige su intervención hasta la finalización del proceso y se lo ha dejado de lado.
- El caso de lesa humanidad por las protestas de octubre de 2019 también es una causal, debido a que no se ha dado ningún resultado en relación a una reparación en favor de las víctimas.
- El caso del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sobre un supuesto forjamiento del caso y la sentencia que no fue ejecutoriada es parte de la observación.
- El caso de las vacunas VIP que se investigó por presunto tráfico de influencias, en el que estuvo involucrado el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos no tiene resultado.
- La falta de formulación de cargos en el caso del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre el cual Santiago Guarderas interpuso una demanda contra Jorge Yunda.
- No se habla del proceso por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Mauro Falconí, exministro de Salud, en cuyo domicilio, se encontraron USD 47 000 injustificados, el día que fue detenido Freddy Carrión.
- Caso Consulta Popular.- Según los interpelantes, hubo un presunto incumplimiento de funciones para investigar la utilización del presupuesto de las empresas públicas estatales en el financiamiento de la campaña por el sí en la consulta del 2018.
- La falta de agilidad en el Caso Petroecuador por presunto tráfico de influencias en la entidad. Desde el 28 de julio del 2022 hasta el 26 de noviembre del 2023 no hubo, según los interpelantes, ninguna investigación.
- Otro supuesto incumplimiento de funciones se habría dado en el Caso Sobornos, conforme al artículo 282 numerales 1 y 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los interpelantes mencionan que se habría planificado un resultado para interferir en la democracia y las elecciones del 2021.
- El Caso Narcogenerales también se suma a la lista, debido a que no se habría abierto una indagación previa.
Segundo pedido
El segundo pedido de juicio político también fue presentado por la Revolución Ciudadana. En este caso, se acusa a la fiscal Salazar de encubrimiento a lavadores de activos, falta de acción para procesar a Carlos Pareja Cordero (Capaco), y de incumplimiento de funciones debido a su participación en reuniones y relaciones circunstanciales y dolosas con procesados.
Se señaló que se protegieron a posibles lavadores de activos por un valor que excede los USD 250 millones.
Además, la segunda causa presentada se refiere a una supuesta falta de acción por parte de la fiscal en un caso relacionado con Carlos Pareja Cordero.
El asambleísta Héctor Valladares indicó que entre los años 2019 y 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió 92 alertas de potenciales casos de lavado de activos, “de los cuales la señora fiscal apenas 12 de los casos los procesó e inició un juicio correspondiente”.
El lunes pasado, Salazar fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para brindar explicaciones sobre las medidas tomadas en relación a los casos conocidos como León de Troya y La Madrina.
La comparecencia de Salazar se frenó por la presencia del exlegislador Ronny Aleaga, quien es procesado en el Caso Metástasis.
La Fiscalía emitió un comunicado minimizando la posibilidad de un juicio político contra su titular y afirmó que se intenta “boicotear” el trabajo de la institución, especialmente en el caso crucial del Caso Metástasis. Además, indicó que las supuestas causales carecen de fundamento jurídico y forman parte de una narrativa ficticia.