El exvicepresidente Jorge Glas permanece en la cárcel La Roca tras el asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril. En una audiencia de habeas corpus, solicitada por su abogada Karen Gómez, Glas pidió arresto domiciliario en la casa de su madre para recibir atención médica debido a sus problemas de salud. La abogada argumentó que la vida de Glas está en peligro en la cárcel.
Durante la audiencia, Glas describió su deteriorado estado de salud desde su secuestro en abril, mencionando problemas renales y articulares, así como la falta de atención médica adecuada en La Roca. También comentó que el aislamiento total le impide acceder a sus abogados y que ha cumplido el 40% de su sentencia de ocho años.
Glas solicitó que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 31 de diciembre de 2019, que reconocen sus enfermedades crónicas. Su abogado, Andrés Villegas, propuso dos opciones: trasladarlo a una casa de salud o concederle arresto domiciliario en la casa de su madre, destacando el impacto psicológico en Glas y un intento de suicidio.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) fue criticado por no garantizar la seguridad de Glas. La audiencia fue suspendida para que el juez decida sobre el caso.