El Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó la solicitud de la asambleísta Gissela Garzón, del partido Revolución Ciudadana, de seguir el embarazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para reanudar el juicio político en su contra. El correísmo ha cuestionado la veracidad del embarazo de Salazar.
En una reunión reservada, el CAL revisó la solicitud de Garzón dirigida al presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, para continuar con el juicio político suspendido en mayo, cuando Salazar informó que estaba embarazada y pidió al Parlamento que respetara su derecho a un embarazo tranquilo. La solicitud de Garzón no fue apoyada.
El legislador Diego Matovalle, de ADN, señaló a Ecuavisa que la solicitud de Garzón no fue sometida a votación por falta de justificación suficiente. En una primera carta enviada el 19 de junio, Garzón pidió información sobre el estado actual de Salazar para determinar si se podía reanudar el juicio político, argumentando que el estado de gravidez de la fiscal es de interés público.
El CAL respondió que no había cambios en la situación, basándose en un certificado médico del IESS que confirmaba el embarazo de alto riesgo de Salazar. A pesar de esto, el 7 de julio, Garzón insistió en su solicitud para incluir el seguimiento del juicio político en la agenda del CAL, apoyada por el correísmo y el expresidente Rafael Correa, quien dudaba del alto riesgo del embarazo.
En un comunicado, Salazar rechazó las acusaciones del correísmo, calificándolas de infamias y recordando que la información sobre su embarazo está protegida por el derecho a la intimidad. La Fiscalía General del Estado informó que Salazar se tomará vacaciones y no pedirá licencia, como se había rumorado en redes sociales.