La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional ha presentado un informe crucial en el que recomienda declarar ilegítima la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además se propone iniciar un juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y demandar la inconstitucionalidad del acuerdo firmado, este informe será sometido a conocimiento y resolución del pleno de la Asamblea Nacional.
La comisión, liderada por el legislador Patricio Chávez, aprobó el informe con ocho votos a favor y una abstención, el informe aborda el proceso de fiscalización del acuerdo firmado entre el FMI y el Estado ecuatoriano, en mayo de 2024 el FMI aprobó un acuerdo de 48 meses para Ecuador, otorgando un acceso a $4.000 millones, con un desembolso inicial de $1.000 millones destinado al presupuesto público. Durante una comparecencia el 19 de junio, el ministro Juan Carlos Vega defendió el acuerdo, argumentando que aborda problemas emergentes como la sostenibilidad fiscal, la reducción de retrasos con acreedores, la reactivación económica, la ampliación de la red de protección social y el fortalecimiento de la dolarización y la transparencia.
Sin embargo tras la fiscalización, la Comisión de Transparencia concluyó que el préstamo no se destina a financiar el gasto social ni a invertir en derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de ello se destina al pago de deudas anteriores con el FMI y otros acreedores externos, representando un 29,7% de la deuda total con el FMI, esta situación implica que el Estado ecuatoriano pague deuda externa con el mismo crédito para evitar el default y asegurar acceso a nuevos mercados de inversión, el informe también destaca que el acuerdo con el FMI incumplió los artículos 418 y 419 de la Constitución, que obligan al presidente de la República a informar a la Asamblea Nacional sobre cualquier tratado suscrito, lo cual no se realizó. Además, se señala el incumplimiento de los artículos 290, literales 2 y 3 de la Constitución, que estipulan que la deuda pública no debe afectar la soberanía, los derechos, el buen vivir y la naturaleza, y debe destinarse exclusivamente a programas y proyectos de infraestructura.
El documento también critica la falta de un estudio económico detallado sobre la eliminación de subsidios a la gasolina y sus implicaciones, no se ha proporcionado información clara sobre el mecanismo de compensación para los transportistas ni el impacto de estas políticas, tampoco se ha demostrado que el ahorro de la eliminación de subsidios se destine a aumentar la inversión social, la responsabilidad del ministro Juan Carlos Vega se basa en el artículo 131 de la Constitución, que señala su incumplimiento al no informar a la Asamblea Nacional y no cumplir con las condiciones para el endeudamiento público establecidas en la Constitución.
La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional ha planteado serias objeciones al acuerdo con el FMI, recomendando declarar ilegítima la deuda y llamando a juicio político al ministro de Economía, Juan Carlos Vega. La decisión ahora recae en el pleno de la Asamblea Nacional, que deberá considerar estas recomendaciones y decidir sobre los pasos a seguir, este caso subraya la importancia de la transparencia y la adherencia a las normativas constitucionales en la gestión de la deuda pública y los acuerdos internacionales.