María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República del Ecuador, presentó una denuncia al TCE el 8 de agosto de este año mediante un escrito firmado electrónicamente, acompañada de sus abogados, Oswaldo Trujillo Santillán y Jessica Jaramillo Yaguachi.
Abad acusa al presidente Daniel Noboa, al viceministro de Gobierno Esteban Torres, a la canciller Gabriela Somerfield, y a la asesora presidencial Diana Jácome, de una infracción electoral grave, conforme al artículo 219 del Código de la Democracia.
El 13 de agosto de 2024, el caso fue sorteado y asignado al juez Fernando Muñoz Benítez, con el número 152-2024-TCE. El juez Muñoz asumió la competencia para conocer y resolver el caso, dado que se trata de una infracción electoral muy grave. La causa fue recibida en su despacho el 14 de agosto de 2024, según la secretaria relatora del Tribunal.
El Tribunal Contencioso Electoral está autorizado para sancionar infracciones electorales, de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución y el artículo 70 del Código de la Democracia. La denuncia de Abad fue considerada válida, ya que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, dentro del plazo legal de dos años. El Tribunal también reconoció la legitimidad de Abad para presentar la denuncia, dado su cargo y su condición de electora.
El juez Muñoz solicitó que Abad aclare los fundamentos de su denuncia y proporcione la dirección precisa para citar a los denunciados en un plazo de dos días, recordando la importancia de la precisión en la citación para garantizar la publicidad y contradicción. La notificación se realizó a la vicepresidenta y sus abogados por correo electrónico.
La causa se tramitará en días hábiles, ya que no coincide con un período electoral. Lo significa que Abad deberá presentar sus fundamentos hasta el lunes 19 de agosto.