La sesión de la Comisión transcurrió entre gritos y confusión. Finalmente, la bancada gubernamental celebró el impedimento de los juicios políticos.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se congregó a las 21:15 de este 9 de septiembre para revisar la sentencia dictada por el juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero.
En particular, se trató la reactivación de los juicios políticos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de Administración, Sebastián Corral; y la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, todos exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
La agenda, establecida por Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización y miembro de la Revolución Ciudadana, también incluía la evaluación y calificación de las solicitudes de juicio político contra la fiscal del Estado, Diana Salazar.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió desde las 21:15 de este 9 de septiembre para analizar la sentencia emitida por el juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero.
Específicamente, la reactivación de los juicios políticos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Todos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Además, la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, incluía conocer y calificar los pedidos de juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar.
La sesión comenzó con altercados. El asambleísta del partido gobernante, César Umajinga, cuestionó la presidencia de la legisladora de la Revolución Ciudadana, quien interrumpió la sesión alegando falta de fundamento en la apelación.
Ante esto, Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, asumió la dirección de la sesión. No obstante, Aguirre regresó al cargo. En ese instante, Aguirre y Alvarado intentaban
Foto cortesía