El presidente Daniel Noboa informó que el 28 de septiembre envió a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Económico Urgente, cuyo principal propósito es aumentar el límite de generación de energía en el sector privado, pasando de 10 MW a 100 MW. Esta medida busca incentivar la inversión en proyectos energéticos, en un contexto donde el país enfrenta una grave crisis energética. Este nuevo límite permitirá una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica, aliviando los problemas de suministro que afectan al país.
Anteriormente, el gobierno había promovido la “Ley No Más Apagones”, que incentivaba la implementación de energías renovables no convencionales como la solar y la eólica. Sin embargo, esta ley limitaba los proyectos del sector privado a un máximo de 10 MW, lo que ha sido criticado por la ciudadanía debido a su limitada efectividad para frenar los prolongados cortes de electricidad. El nuevo proyecto de ley busca corregir este error, ampliando el límite a 100 MW para permitir una mayor capacidad de generación energética.
El país atraviesa una severa crisis energética, con apagones de hasta 10 horas diarias debido a la disminución de la capacidad de las hidroeléctricas por la sequía. Frente a esta situación, el gobierno ha recurrido al sector privado para incrementar la producción de electricidad. El borrador de la ley contempla que las empresas privadas puedan desarrollar proyectos energéticos de hasta 100 MW, siempre con autorización previa del Ministerio de Energía, lo que permitirá al sector privado contribuir de manera más significativa a la red eléctrica nacional.
Además, el proyecto de ley otorga incentivos a las empresas que desarrollen proyectos con tecnologías limpias y energías renovables no convencionales, como la energía solar o eólica, con prioridad en el despacho y precios preferenciales. También permite que los proyectos ya existentes bajo el límite de 10 MW soliciten una revisión de sus permisos para adaptarse al nuevo límite de 100 MW, previa evaluación técnica. Estas medidas buscan acelerar la transición energética del país, reduciendo su dependencia de las hidroeléctricas y mejorando la estabilidad del sistema eléctrico.
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